Este es el primer juicio de oficio colectivo que se va a celebrar en España contra Glovo después de la infracción previa de la Inspección de Trabajo y Social sobre la actividad de reparto y las características de la prestación de servicio.
La autoridad laboral estimó indicios de que estos colaboradores eran en realidad falsos autónomos y, tras las alegaciones presentadas por Glovo, el caso ha acabado en los juzgados.
Desde UGT, que ejerce la acusación particular, consideran que ésta es una “maniobra dilatoria” de Glovo “a la espera de una legislación favorable” y lamentan que hechos del 2017 se vayan a juzgar en 2020.
Por parte desde la empresa han declinado hacer declaraciones después de la suspensión del juicio. Antes, el director de políticas públicas de Glovo, Miguel Ferrer, sí ha defendido la flexibilidad que, a su juicio, ofrece este sistema a sus llamados ‘riders’.
“A diferencia del resto de 26 países donde opera Glovo, España, su país de origen, ha decidido optar por una vía de judicialización en lugar de promover un espacio de diálogo y búsqueda de soluciones con actores económicos y sociales”, ha indicado a los medios.

Próxima fecha: 27 de marzo

Sobre el aplazamiento del juicio, que finalmente se celebrará el 27 de marzo, el abogado de UGT, Bernardo García, ha explicado que la razón de este retraso ha sido la prueba pericial solicitada a Hacienda por Glovo sobre las retribuciones y las certificaciones del régimen de autónomos.
“A nuestro juicio no era necesario pedir más información a la Agencia Tributaria, pero la magistrada ha considerado suspender el señalamiento y hacer uno nuevo”, ha matizado.
Para Bernard es “bastante elocuente” que Glovo haya pedido una prueba “ingente” a la Administración Pública a unas semanas del comienzo del juicio cuando el señalamiento estaba previsto hace un año, lo que ha llevado a algunos letrados a hablar de maniobra dilatoria por parte de la empresa, aunque ésta lo haya solicitado en tiempo y forma.

Los colaboradores que han asistido al juicio han recibido la noticia con “decepción”, según ha indicado Rubén Ranz, de UGT, quien ha puntualizado que este retraso complica todavía más un procedimiento que ya es complejo y cuyos hechos se remontan a 2017.
“Es muy doloroso, aquí hay mucha gente con deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y esto genera mucha incertidumbre”, ha aseverado.
Eso sí, ha avisado de que UGT va a llegar hasta el final de este procedimiento pese a la “presión” y el “lobby” que está haciendo la patronal, y ha añadido: “Nos estamos jugando el modelo social, al final va a parecer que todos los trabajadores son empresarios”.
Uno de los repartidores afectados, Pablo Martín, quien llegó a trabajar en Zaragoza 16 horas los siete días de la semana, ha hablado de “flexibilidad obligada” porque la propia plataforma les penalizaba si no trabajaban las llamadas horas ‘diamante’, correspondientes a la franja horario de las cenas.
“Si no trabajas las cenas, tu nota bajaba y te perjudicaba para coger el resto de las horas”, ha recordado.
La empresa, por su parte, ha llevado al juicio a cuatro repartidores para argumentar su defensa, todos ellos procedentes de Madrid, entre ellos Gustavo Gavidia, quien se ha mostrado “muy a gusto” con este trabajo por el que cobra, ha dicho, 2.200 euros por cinco horas al día.