Las Cortes de esta región han aprobado la modificación normativa para salvar la suspensión dictada por el Tribunal Superior de Justicia, tras las demandas del Partido Animalista (Pacma).
Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la modificación de la ley autonómica de caza para evitar la suspensión cautelar de esta actividad dictada en las últimas semanas por sendos autos por el Tribunal Superior de Justicia, tras las demandas del Partido Animalista (PACMA).
Lo han hecho a través de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Ciudadanos, que han recibido el apoyo de la UPL, mientras que Podemos se ha abstenido y el único que mantenía una posición abiertamente contraria, el portavoz de IU-Equo, José Sarrión, se ha ausentado de la sesión por estar convaleciente.
La ausencia de Sarrión ha rebajado la crítica hacia la norma, cuya constitucionalidad negó en el debate del anterior Pleno, al considerar que con su aprobación se vulnera la tutela judicial efectiva de la sociedad civil al impedir su recurso.
En la práctica, la renovada Ley de Caza incluye en su texto el catálogo de especies cazables que anteriormente figuraban en el decreto que fue anulado cautelarmente por un auto del TSJCyL, lo que ha sido considerado como “un parche” por los oradores del PSOE, Podemos y la UPL, críticos con lo que ven como una especie de “blanqueamiento” de los errores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en palabras del leonesista Luis Mariano Santos.
La reacción de Pacma
El partido animalista Pacma ha acusado a las Cortes de Castilla y León de desobediencia a la Justicia y ha pedido que se notifique a las máximas autoridades los autos de suspensión de la caza y “si perseveran en burlar esas resoluciones el juzgado debería pedir su procesamiento por desacato”.
Así lo ha manifestado este miércoles ante los periodistas la presidenta del Partido Animalista, Silvia Barquero, quien ha estado en las Cortes para “dar la cara por los animales” durante la votación de la modificación legal que pretende proteger la caza de los dos autos judiciales que paralizaron el Reglamento de Caza y la Orden de Caza, respectivamente.
“Venimos a advertir de la posible ilegalidad de autorizar cualquier actividad de caza pasando por encima de una paralización cautelar dictada por una orden judicial”, ha subrayado Barquero.
