El gobierno catalán ha aprobado este martes de nuevo el decreto que despliega el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas. Fue anulado en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al considerar que el Govern se había saltado algunos trámites.
De esta forma, el Govern trata de dotar de seguridad jurídica a este impuesto, “que continúa vigente y se sigue meritando”, insiste el ejecutivo catalán. El TSJC estimó en julio un recurso interpuesto por diversas patronales y asociaciones, entre ellas la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en contra del reglamento de este impuesto, pero ya entonces el conseller de Economía, Pere Aragonès, insistió en que el impuesto seguía en vigor.
Por ello, el Govern ha aprobado hoy un decreto ley que recoge “sin ninguna modificación” el contenido del reglamento que se aprobó en junio de 2017.
El reglamento precisa que el plazo para autoliquidar este impuesto se fija entre el dia 1 y el 20 del mes siguiente a la finalización del período de liquidación, que es trimestral.
Este impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en mayo de 2017, lo gestiona la Agencia Tributaria de Cataluña y aportó el año pasado 42 millones de euros.
Las bebidas que se gravan
El impuesto grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas; esto es, aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros.
La norma prevé dos tipos gravamen, según el contenido de azúcar por litro de bebida: 0,08 euros por litro para bebidas con 5 u 8 gramos de azúcar por cada 100 ml; y de 0,12 euros por litro para a aquellas con más de 8 gramos de azúcar por cada 100 ml.
La opinión del sector
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha insistido hoy en que el impuesto sobre las bebidas azucaradas “no cambia los hábitos de consumo de los ciudadanos”, por lo que “no es eficaz para lo que supuestamente fue creado”. La Federación han insistido que desde la industria creen que “este tipo de medidas rompe la unidad de mercado, disminuye la renta de los ciudadanos y tiene un carácter recaudatorio que genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica”.
“Apostamos por la información y la formación a la población para llevar una dieta sana y equilibrada junto a unos hábitos de vida saludable”, han añadido.
