La Audiencia Nacional ha citado como investigados -anteriormente imputados- al ex consejero delegado de DIA Ricardo Currás y a cuatro miembros de su cúpula directiva después de que la Fiscalía les haya acusado de urdir un plan para maquillar las cuentas a través de “prácticas contables irregulares”. En el auto, divulgado hoy por la Plataforma de Afectados de DIA -creada por el bufete de abogados Gesico en nombre de varios accionistas minoritarios-, se incluye también al auditor de sus cuentas de 2017, Carlos Peregrina García, de KPMG.

La Fiscalía considera que Currás fue quien ideó un plan para mejorar de forma artificial los resultados del grupo durante el ejercicio 2017, estrategia que también afectó a su división en Brasil, donde contó con la colaboración del que entonces era el máximo responsable para América Latina, Antonio Coto, a la postre su sucesor como consejero delegado. Además de Currás, han sido citados como investigados su “número dos” en 2017, Amando Sánchez, junto a los directivos Luis Martínez Gallardo, Antonio Arnánz y Juan Cubillo.

Según las pesquisas de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, el que fuera consejero delegado de DIA entre 2011 y 2018 decidió “alterar ciertas magnitudes con reflejo directo en el Ebitda, lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos” dado que las cifras del año 2017 no cumplían los objetivos.

La estrategia de Currás “en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares” y acabó por lograr una “alteración artificial del Ebitda de 51,8 millones de euros”, lo que posteriormente obligó a la empresa a hacer ajustes y reexpresar sus cuentas. Concretamente, el auto apunta a que se optó entonces por contabilizar de forma incorrecta ingresos derivados de cargos de proveedores de marca blanca -en el marco de una central de compras montada en alianza con Eroski- y por eliminar de forma injustificada provisiones correspondientes a facturas pendientes de recibir.

También se dejó de provisionar el pago de bonus y gratificaciones al personal, que acabaron afectando a las cuentas de 2018 en vez de a las de 2017, y se elevó la previsión de ingresos de DIA España de forma artificial. Según la Fiscalía, KPMG detectó una de estas prácticas irregulares en febrero de 2018, durante la auditoría de cierre de las cuentas de 2017. No obstante, la investigación interna no arrancó hasta después del cese de Currás, en agosto de 2018.

Las pesquisas iniciadas entonces sirvieron para detectar irregularidades en la matriz del grupo, DIA España, así como en su división en Brasil; en esta filial el director ejecutivo entre 2011 y 2018 fue Freddy Wu, aunque reportaba directamente a Antonio Coto, quien fue máximo responsable de Latinoamérica hasta su nombramiento como consejero delegado en sustitución de Currás. “Wu impartió órdenes a determinados empleados de los departamentos comercial y financiero para que los resultados finales fuesen en apariencia mejor que los reales, alterando con ello la imagen de la filial, con el conocimiento y aquiescencia del también investigado Antonio Coto”, reza el auto.

En el caso de Brasil, esta “alteración artificial” tuvo un impacto de 55,5 millones de euros en su Ebitda de 2017, aunque su efecto finalmente fue menor debido a que la Justicia del país aprobó una devolución fiscal a DIA por 40 millones. Este maquillaje de las cuentas se realizó emitiendo cargos ficticios a proveedores, dejando de contabilizar facturas y contabilizando ventas irregulares.

De hecho, la división brasileña también “trató de ofrecer una imagen al mercado mucho mejor de la real mediante la transmisión de datos sobre las cifras de ventas de DIA Brasil a la consultora Nielsen que no se ajustaban a los reales”. Para continuar con el proceso judicial en marcha, el juez ha citado a declarar como testigos el próximo 28 de enero al ex consejero de DIA Miguel Ángel Iglesias Peinado y a Susana Pagés, quien fuera directora de Compras de la compañía en 2017. Un día antes declararán en calidad de peritos los autores de los informes forenses publicados en abril de 2019.

Expediente de la CNMV

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado incoar un expediente sancionador por infracción “muy grave” a la cadena de supermercados DIA y a su antigua cúpula directiva por facilitar información errónea sobre sus cuentas de 2016 y 2017 al regulador. En un comunicado, la CNMV ha explicado que la decisión fue aprobada por su comité ejecutivo en una reunión mantenida el pasado 19 de diciembre, aunque hasta este miércoles no lo ha hecho público.

El supervisor bursátil ha optado por “suspender la tramitación” del citado expediente debido a la existencia de un proceso penal iniciado por estos mismos hechos hasta que exista un pronunciamiento firme por parte de los tribunales. En su comunicado ha precisado que además de DIA como empresa, el expediente también afecta “a quien era su consejero delegado, a otros cuatro altos directivos y a los consejeros que formaban parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento” por suministrar a la CNMV “información financiera con datos inexactos o no veraces”.

En el momento de los hechos el consejero delegado de la empresa era Ricardo Currás, quien junto a otros miembros de su cúpula directiva fue cesado en 2018 tras la detección de prácticas irregulares en materia contable. De hecho, hoy mismo se ha conocido un auto de la Audiencia Nacional que cita como investigados -anteriormente imputados- a Currás, a cuatro ex directivos y al auditor de KPMG responsable de analizar los estados financieros del grupo por su presunta participación en un plan para maquillar las cuentas de 2017.

Estas maniobras provocaron “una alteración artificial del Ebitda de 51,8 millones de euros”, según las pesquisas de la Fiscalía, lo que obligó a la empresa a hacer ajustes y reexpresar sus cuentas.