Se trata de una “gran novedad”, con la que la Administración podrá comprobar cada año -“en septiembre u octubre”- qué parte de cuota “no ha sido utilizada o infrautilizada” para, en función de ello, asignarla a otros buques pesqueros “del mismo caladero o unidad correspondiente”, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes, ha detallado que el objetivo es “eliminar cualquier tipo de especulación” sobre las cuotas, para que no sean usadas como “un elemento mercantil”, porque son “un bien público cedido temporalmente” al ámbito privado y deben ser dignas de “la mejor atribución”.

El proyecto, que comenzará ahora su tramitación parlamentaria, incluye también la posibilidad de que, “de forma privada”, los buques y armadores puedan acordar cómo usar sus posibilidades de pesca, “en función de la situación existente”.

Se clarifican, además, los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo “más completo, sencillo y eficaz”.

Para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques tendrán que estar inscritos en el citado registro, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos, según Planas.

Igualmente, el texto actualiza los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo dirigido a racionalizar y ordenar su explotación y garantizar la “máxima seguridad jurídica” a los operadores.

En estos criterios, se tendrán en cuenta los que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.

La nueva ley introduce, por otra parte, la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, los artes y aparejos, el peso o talla de las especies o el establecimiento de vedas, “siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible”.

Se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o las preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.

De hecho, Planas ha incidido en que uno de los “grandes pilares” de este proyecto legislativo es el de la sostenibilidad.

El texto aborda, asimismo, la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores -dada su “espectacular” evolución “en los últimos años”- para conocer mejor el impacto en la economía y los recursos.

El segundo “gran pilar” de la normativa es el referente a la investigación pesquera.

El ministro ha destacado que el proyecto aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros, un campo en el que se están haciendo “nuevos descubrimientos” y que tienen un “enorme potencial” en el ámbito de la seguridad alimentaria.

Figura la creación de un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán las autoridades pesqueras, el sector y la sociedad civil, y que convocará la Secretaría General de Pesca de forma periódica como órgano de consulta, elaboración, seguimiento y asesoramiento.

Planas ha remarcado que se adoptan medidas “muy importantes” que otorgan mayor protección de cara a la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son “especialmente penosas”.

Las rederas, “neskatillas” y empacadoras tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15; también tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote y los buceadores profesionales.

Esta reducción de coeficientes puede beneficiar a unas 5.300 personas.

Luis Planas ha valorado la necesidad de sacar adelante este proyecto de ley para adaptar la actual Ley de Pesca Marítima (de 2001) a las novedades que se han producido en las dos últimas décadas, tanto en la legislación comunitaria como en la gobernanza internacional de los océanos.