El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la justicia retributiva en las ayudas directas de la PAC y ha asegurado, ante las críticas al real decreto aprobado este martes por considerar que las medidas para lograrla son bruscas, que “lo brusco es el inmovilismo”.
En una entrevista con Efeagro para analizar la situación actual del sector agroalimentario y sus desafíos de futuro, Planas ha insistido en que lograr la convergencia -que dos agricultores que hagan el mismo trabajo reciban la misma ayuda- es una cuestión de justicia, por lo que está de acuerdo con las indicaciones de la Comisión Europea (CE).

PROCESO DE CONVERGENCIA

La CE recomendó en diciembre a España que “avanzara significativamente” en el proceso de convergencia interno, en la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios y en eliminar su vínculo con las referencias históricas.
“Que el 80 % de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) lo perciba un 20 % de los titulares no me parece normal. Hay 680.000 perceptores en el conjunto de España y esta convergencia es necesaria desde el punto de vista redistributivo y de cara al funcionamiento y los retos del sector”, ha afirmado el ministro.

Y también, según ha recordado, frente al reto de la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, pues a su juicio “la distribución actual de derechos de pago les penaliza claramente”.
“Vamos a avanzar de forma progresiva y moderada en este proceso. Lo que hacemos es, en 2021 y 2022, avanzar dos pasos más en un camino que se alargará hasta 2027. Lo brusco es el inmovilismo, es no hacer nada, ha subrayado.
Respecto a la reacción al real decreto, como la expresada por el gobierno andaluz o distintas voces del sector agrario, Planas ha considerado que hay un “consenso básico” con una autonomía “que se ha opuesto y prefiere un modelo de inmovilismo” y otras que “quieren convergencia ya”.

 

“La postura del Ministerio es la del justo medio aristotélico”, según Planas, quien apuesta por “un proceso progresivo de reforma, que nos viene sugerido por Europa y que es necesario si queremos responder a los retos de esta década”.
En este sentido, ha destacado que la norma aprobada ayer es “lo que prevé el reglamento de transición comunitario, acompañado por las recomendaciones de la Comisión. Y hemos hecho una lectura moderada de esas prescripciones europeas”.

De acuerdo a sus datos, en la Unión Europea (UE) hay 18 países que “ya tienen una convergencia plena en el cobro de sus derechos”; en Alemania es del cien por cien, con una región formada por los lander, y en Francia, al 90 %, con dos regiones (el área continental y Córcega).
Dichos países son los principales receptores de ayudas de la PAC junto con España, donde sin embargo la convergencia solo alcanza al 46 % de los agricultores y ganaderos.

COMPLETAR EL PROCESO

“De aquí a final de la década tenemos que completar el proceso, porque será la condición para que podamos continuar percibiendo los fondos de la PAC a partir de 2023″, ha resaltado, tras avanzar que habrá una conferencia sectorial extraordinaria en mayo con las autonomías para continuar un debate técnico y político que comenzó en febrero de 2019.
Los ejercicios 2021 y 2022 de la PAC se regirán por “las antiguas reglas ligeramente modificadas” y el presupuesto para el periodo 2021-2027. Y será en 2023 cuando la nueva programación entre plenamente en vigor”, ha detallado.
Este año y el próximo, España contará con 7.200 millones de ayudas de la PAC (5.700 para pagos directos y 1.500 para el segundo pilar, incluyendo el fondo de recuperación Next Generation, que está incluido en esos dos años de ejecución.

CONSEJO DE MINISTROS

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció este martes la aprobación de estas disposiciones, para garantizar un marco legal estable y cubrir la transición hasta la entrada en vigor de la reforma de la PAC, en 2023.

Montero ha señalado que con esta decisión los agricultores y ganaderos tendrán estabilidad durante el bienio 2021-2022 y podrán percibir los pagos de la PAC, que ha cifrado en 7.200 millones de euros anuales, lo que también atañe a los programas de desarrollo rural.

En el caso de las ayudas directas, en 2021 se podrán abonar 4.860 millones de euros, que recibirán unos 680.000 productores.

Entre las medidas del decreto, figura un avance hacia la llamada “convergencia” entre las regiones, es decir, en la aproximación entre los distintos importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor para acercarlos hacia un montante medio, según ha detallado el MAPA en un comunicado.

 

Con esta normativa, el Gobierno quiere prestar una atención “especial a los jóvenes” y a la fijación de población en el territorio rural, para que resulte “atractivo” a las nuevas generaciones y “no se produzcan movimientos no deseados a las ciudades”, ha afirmado Montero.

Para ello, el decreto prevé ayudas y una simplificación administrativa, de acuerdo con Montero, quien ha remarcado que contribuirá “a una transición razonable entre los dos modelos de la PAC” en España.

Las instituciones de la UE continúan la negociación sobre la nueva PAC, que entrará en vigor en 2023.

Adaptaciones en los derechos de pago

Con la normativa, “se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual”, según el Ministerio.

En este sentido, el MAPA ha señalado que dentro del régimen de pago básico, que se abona según un sistema de derechos agrupados en 50 regiones distintas, la normativa “continúa con la convergencia relativa” del valor de todos los derechos de cada región hacia un importe medio.

Según el Ministerio, el objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, principal ayuda a la renta de los productores.

“Esta convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la que se inició en 2015 y que el Ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años”, de acuerdo con el MAPA.

El Ministerio ha argumentado que la Comisión Europea (CE) recomendó a España la necesidad de avanzar hacia una distribución “más equitativa” de las ayudas y “no exista discriminación, en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años”.

Asimismo, ha recordado que el 1 de febrero se abrirá el plazo para presentar la solicitud única de ayuda.

El real decreto flexibiliza las ayudas asociadas a la ganadería para facilitar el acceso a jóvenes ganaderos, también a aquellos que comienzan la actividad y presentan la solicitud única por primera vez.

También penaliza la recolección mecánica nocturna en plantaciones intensivas de cultivos permanentes en seto de porte alto, denso follaje, y en los que aniden o pernocten aves, con objeto de protegerlas durante la época de cría y reproducción.

ASAJA, COAG y UPA

La organización agraria Asaja ve “premura” en la aprobación del Real Decreto porque “ha impedido a los agricultores planificar sus cosechas”, lo que “les acarreará recortes en las ayudas desde esta misma campaña”.
“Sin haber tenido acceso de forma oficial” al contenido del Real Decreto “todo apunta” a que el texto aprobado “no ha tenido en cuenta ni las demandas planteadas por Asaja, ni las del resto del sector agrario, como tampoco las observaciones de distintas comunidades autónomas, reclamando una transición real y moderada durante estos dos años antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023”, según ha especificado en un comunicado.

La organización había pedido una transición “más moderada y real” hacía el nuevo modelo, “con el fin de evitar más problemas económicos a las ya maltrechas economías” de los productores.

La organización agraria COAG ha mostrado su rechazo “frontal” a la convergencia de los derechos de pago básico recogidos en el Real Decreto y cree que el texto “no responde a criterios redistributivos de carácter social”.
Para COAG, el Gobierno ajusta el valor de los derechos “pero no el montante de ayudas” por lo que, “en ningún caso, el Real Decreto responde a criterios redistributivos de carácter social”.

Esta organización es partidaria de esperar a poner en marcha esta convergencia en 2023, coincidiendo con la aplicación de la Reforma de la PAC a través del Plan Estratégico Nacional.

UPA, en cambio,  ha valorado la aprobación de esta normativa porque “da certezas” a los productores “en cuanto a presupuesto disponible y a reglas que seguir”.
Se trata de la adaptación del Reglamento Europeo aprobado en diciembre pasado, según ha indicado UPA en un comunicado.

Respecto a la convergencia aprobada, UPA ha considerado que puede tener efectos para “algunos agricultores y ganaderos” que tienen derechos de pago básico “con un valor alto y que verán cómo ese importe se reduce hacia la media de su región”.
“No disponemos de datos para cuantificar ese impacto y pedimos que no se genere intranquilidad en el sector de forma intencionada”, han añadido las mismas fuentes.

REACCIÓN DE ANDALUCÍA

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha avanzado que la Junta agotará todas las posibilidades y “estrechará la interlocución con Portugal, que ostenta la presidencia de la UE”, para que el Gobierno español retire su decreto de transición de ayudas directas de la PAC 2021-2022.
Para la consejera supone un “perjuicio sobre los agricultores y ganaderos andaluces”.

Crespo ha denunciado que dicho decreto “acelera un cambio radical” en la convergencia de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que “castiga al buen agricultor” y ha asegurado que no hay razones objetivas para llevarlo a cabo de forma “brusca” como hace el Ministerio de Agricultura salvo que sean “razones políticas o territoriales”.

Ha asegurado que Andalucía “no tiene ningún privilegio” con las ayudas de la PAC y, de hecho, ha apuntado que de media los pagos que reciben un agricultor en España son de 6.500 euros anuales y en Andalucía son 5.000 euros.

Por su parte, las organizaciones agrarias andaluzas  han expresado su rechazo al decreto de Convergencia y anuncian manifestaciones “contundentes” cuando la pandemia lo permita.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han denunciado que esta norma es “muy dañina” para el modelo social y profesional de la agricultura y que se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, “con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato.
Por ello, anuncian “contundentes movilizaciones” para revertir la situación cuando la pandemia lo permita.