Un grupo criminal, ya desarticulado por el Seprona de la Guardia Civil, logró al menos 25 millones de euros de beneficio en un año con la comercialización ilegal de atún rojo, capturado de forma ilícita en aguas de Malta e Italia.
La operación contra el comercio ilegal de atún rojo se ha llevado a cabo en doce provincias: Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Toledo y Madrid. Así lo han puesto de manifiesto responsables del Seprona, de Europol y de la Secretaría General de Pesca en una rueda de prensa para dar cuenta de los detalles de la operación Tarentelo contra la comercialización ilegal de atún rojo y denominada así porque así se llama una parte del vientre de este pez.
El teniente coronel jefe de Operaciones del Seprona, Jesús Gálvez, ha explicado que la operación comenzó en el primer semestre de 2017 tras las informaciones de la Secretaría de Pesca y del sector de que se podría estar pescando ilegalmente atún en el Mediterráneo.
Tras diversas pesquisas se descubrió una red asentada en la Comunidad Valenciana, y la Fiscalía de Medio Ambiente junto con el Juzgado número 3 de Picassent abrieron diligencias para descubrir la trama, en una operación que culminó con 79 detenidos (todos españoles) y casi 50 registros de empresas distribuidoras y domicilios.
Ochenta toneladas en el comercio ilegal de atún rojo
Durante la explotación de la misma se han intervenido 80.000 kilogramos de atún rojo, cerca de medio millón de euros en efectivo, vehículos de alta gama, joyas valoradas en más de 600.000 euros y documentación que se está analizando y que corresponde a la actividad del grupo en los últimos tres años.
Según se comprobó en la investigación, los atunes rojos se pescaban en aguas de Malta e Italia y eran transportados hasta España, bien por el aeropuerto de Madrid (en este caso las capturas legales), bien por puertos hasta Francia y después por carretera en camiones hasta el Levante.
Las empresas implicadas aprovechaban la parte legal de su actividad para introducir atunes pescados ilegalmente. Y lo hacían amparándose en facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de estos animales, procedentes la mayoría de los casos de granjas autorizadas.
Gálvez ha explicado que por el aeropuerto madrileño entraban desde Malta 1.250.000 kilos con documentación legal, mientras que el que se comercializaba en negro doblaba esa cantidad.
Si por cada kilo se obtenía un beneficio mínimo de 5 euros, este grupo criminal habría obtenido ilegalmente unos 12,5 millones de euros.
