La agricultura resalta en la Ley contra el Cambio Climático, el proyecto legislativo para reducir plásticos o las dos iniciativas presentadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: el informe “España 2050” y el plan ante el reto demográfico.

Organizaciones agrarias y ambientalistas apuntan, por distintas razones, que todos estos objetivos requieren incentivos y miran hacia las negociaciones finales de la PAC, previstas esta semana entre las instituciones de la Unión Europea (UE), y que determinarán el futuro de una política que representa unos 7.000 millones anuales para España, aproximadamente.

El tránsito hacia la economía neutra en emisiones de dióxido de carbono no está exento de asuntos controvertidos como la visión de la ganadería o la instalación de empresas dedicadas a las energías renovables.

Ley española del Cambio Climático

La primera Ley española contra el Cambio Climático, que ha entrado en vigor esta semana, plantea que en 2030 España rebaje un 23 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y la meta de 2050 para alcanzar la neutralidad climática.

Para ello, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima deben recoger medidas en el sector agrario y forestal e incentivos para “aumentar la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono terrestres y marinos” entre otras actuaciones que sirvan como motor de empleo rural.

La legislación establece que el Gobierno incorpore medidas encaminadas a aminorar la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y la necesidad de hacer compatible la conservación del patrimonio natural con el despliegue de las energías renovables, de acuerdo con la PAC.

La responsable de política agraria y alimentación sostenible de WWF, Celsa Peiteado, declara a Efeagro que es “un paso adelante” para abordar un reto mundial, especialmente en un país como España, con “un clima complicado y mayores riesgos”, como la sequía.

La buena noticia, apunta, es que España tiene capacidad para adaptarse a esa nueva economía verde, con determinados tipos de agricultura de “alto valor natural” e incluso de producciones animales, “pues no se puede demonizar a toda la ganadería”. Pero recalca que aún queda mucho camino.

WWF considera que en la negociación de la PAC se están diluyendo las ambiciones ambientales.

Para otro ámbito alimentario, la acuicultura, “las bondades de la nueva Ley de Cambio Climático han quedado empañadas” por la modificación que introduce sobre la Ley de Costas, según explica a Efeagro el director gerente de la patronal acuícola Apromar, Javier Ojeda.

Alude a la duración de las concesiones del dominio público marítimo terrestre, “lo que resultará en reducciones de ocupación de hasta 30 años sobre los 75 posibles”. Lamenta que el Ejecutivo haya optado por una “receta común” sin distinguir situaciones diversas como una urbanización ganada al mar o el interior de un ría.

Anteproyecto de Ley de Residuos y plásticos

Por otro lado, el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuyas medidas requerirán la implicación de toda la cadena alimentaria.

Establece la reducción de plásticos de un solo uso de vasos para bebidas y de los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato; su comercialización debe disminuir un 50 % entre 2022 y 2026 y un 70 % para 2030.

España 2050 y plan demográfico

El uso eficiente del agua, la agricultura ecológica y la reducción de desperdicio destacan también en el informe España 2050 presentado por el presidente del Gobierno junto a un centenar de expertos, para abrir una reflexión sobre el futuro del país tras la pandemia.

El informe recoge ideas como una reinvención de las cadenas de valor, la agricultura ecológica o una etiqueta de alimentos que refleje su impacto ambiental.

Pero la recomendación del documento que ha suscitado fuertes críticas -especialmente de la organización agraria Asaja- es la de reducir “la ingesta de alimentos de origen animal (junto con la compra de ropa o el número de electrodomésticos)”.

Por otra parte, la última iniciativa presentada por Sánchez, el plan de medidas ante el reto demográfico, incluye 10.000 millones del plan de recuperación europeo para luchar contra la despoblación y llevar la innovación a la España rural.

Seis días antes, el pasado lunes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó de que el sector primario se beneficiará de 1.051 millones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.