El sector de la restauración colectiva ha advertido del impacto de la política de bajos precios que ha imperado en las licitaciones de la administración pública durante los últimos años, lo que ha llegado a afectar incluso a la calidad del servicio.
Representantes públicos, expertos y empresas de restauración colectiva han participado en un congreso en Madrid dedicado a esta industria, que en España factura más de 3.000 millones de euros anuales, sirve 3,5 millones de comidas diarias a hospitales, residencias, colegios e instituciones y emplea directamente a cerca de 80.000 personas, según cifras de la consultora DBK.
El vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social, Santiago Aleixandre, ha destacado que el sector ha crecido durante los últimos tres años -un 4,2 % sólo en 2017- después de una etapa de crisis “dura” que conllevó “ajustes y sacrificios”.
No obstante, la mejoría de las ventas no ha hecho crecer en la misma proporción los beneficios de esta industria, ya que sus márgenes “cada vez son más ajustados”.
“Nuestros clientes, y en especial la administración pública, se ha acostumbrado a adjudicar contratos utilizando prácticamente como único criterio el precio, y eso ha ido en detrimento de la calidad y la imagen del servicio que prestamos”, ha alertado.
En este sentido, Aleixandre ha reclamado que en los concursos se evalúen más criterios aparte del precio, ya que actualmente hay empresas que “trabajan por debajo de los costes, y eso no lo puede soportar nadie a largo plazo”. El vicepresidente -y candidato a la presidencia- de la CEOE Antonio Garamendi ha calificado de “drama” que las licitaciones públicas “sólo se fijen en el precio” y ha censurado que las administraciones se demoren en los pagos y presenten elevados índices de morosidad.
La nueva ley de contratos públicos, un cambio para la restauración colectiva
Desde la compañía Mediterránea, su director de Sanidad, Alejandro Ferrández, ha reconocido que la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor en marzo introduce novedades para que la calidad sea valorada en su justa medida y el coste no sea el único criterio.
“Nosotros vemos pinceladas tras la modificación de la ley pero no hay todavía una implementación de los nuevos objetivos al 100 %. Esperemos que lo veamos con el tiempo, porque el deterioro de los servicios por la reducción de los precios ha sido evidente”, ha defendido.
