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Las explotaciones españolas que incumplan las normas laborales verán reducidas sus ayudas al menos un tres por ciento e incluso hasta el cien por cien a partir de 2024, con la aplicación de la “condición social” de la Política Agraria Común (PAC), una de sus mayores novedades.
España adelantará un año la “condicionalidad social” de la PAC, que será obligatoria en toda la Unión Europea (UE) en 2025, voluntaria desde 2023, y que consiste en vincular las subvenciones al respeto a los derechos laborales, al igual que se hace con los requisitos medioambientales o agronómicos.
Dentro de los reales decretos sobre la nueva PAC, el Gobierno alude a esa condición social y detalla una serie de prácticas laborales que deberán cumplir los empresarios agrícolas, cuyo incumplimiento será sancionado con una rebaja parcial o total del importe de la ayuda.
España es el tercer país de la UE que se beneficia más de la PAC, por detrás de Francia y de Alemania, con una dotación de 7.100 millones de euros anuales para los agricultores y los ganaderos.
¿Qué dice la normativa española?
“Las reducciones serán por norma general del 3 % del total de las ayudas a las que la explotación tuviera derecho en el año en cuestión, en atención a la gravedad, alcance y persistencia del incumplimiento”, según la regulación española.
“No obstante, (estas reducciones) podrán ser mayores en los casos de reiteración o incluso llegar al 100 % en los casos de intencionalidad de los incumplimientos, incluidos los relativos a los requisitos medioambientales”, de acuerdo con las normas españolas de gestión de la PAC.
Como exigencias de condicionalidad social -basadas en la actual legislación española laboral- figuran: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, el deber del empresario de garantizar la seguridad de los empleados y de protegerlos, así como de proporcionar servicios de prevención.
La información a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad y la salud de su labor, la ergonomía, las garantías de equipos de labor adecuados o la limitación del uso de equipaciones que entrañen riesgos específicos se reflejan ahora en la normativa de la PAC.
Las sanciones por incumplimientos laborales aumentarán proporcionalmente según el número de trabajadores afectados y según la reincidencia, de acuerdo con un análisis de la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT, siglas en inglés)-
Los sindicatos han recalcado que es “un logro” que la PAC, por primera vez en 61 años de existencia, haya recogido las obligaciones laborales en su reglamentación y ha defendido que las sanciones sean similares en todos los países comunitarios.
