Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para analizar este proyecto de ley, y en respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, Calabozo ha valorado la Ley de la Cadena aprobada en 2013 pero que fue “insuficiente” dada la “asimetría” entre esas relaciones contractuales de unos eslabones con otros. Eso lleva, “en ocasiones, a perpetuar” una “precariedad” que es “decidida al final de la cadena” y que afecta “tanto a la industria como a la ganadería”.

Una parte “conflictiva” que “cuesta gestionar”, ha admitido, es la de los precios que cubran los costes efectivos de producción porque la leche se obtiene “todos los días, luego las condiciones de producción varían” además entre unas explotaciones y otras.

Por eso, se ha preguntado “¿cuál es el coste de producción efectiva? ¿el de una hora, un día o una semana?” para añadir a renglón seguido que la experiencia dice que se calcule repartiendo “el riesgo a lo largo de un período de contratación”.

El problema, ha añadido, es que ahora la ley no recoge así esa posibilidad de cálculo.  Por eso, ha pedido un sistema “alternativo” que “garantice” la coberturas de los costes de producción pero fijándose “en el medio plazo, a lo largo de la actividad de un contrato o durante un ciclo económico”.

Cooperativas ve la ley “incumplible” en el sector del aceite

Cooperativas españolas han vendido en estos últimos meses aceite por debajo de su coste de producción pese a la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en febrero de 2020, un cambio normativo que teóricamente prohíbe esta práctica pero que consideran “incumplible”.

Así lo ha revelado este miércoles en el Congreso de los Diputados el responsable del sector del aceite en Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, quien ha comparecido ante la Comisión de Agricultura para analizar el funcionamiento de dicha ley.

“Después de que entrara en vigor, los compradores de aceite obligaron a firmar un contrato en el que se decía que el precio pactado cubría los costes de producción. Al final los presidentes de las cooperativas estaban obligados a firmarlo a pesar de saber que estaba muy alejado de la realidad“, ha reconocido.

Sánchez de Puerta ha recordado que durante la pasada campaña “el precio del aceite estuvo en general muy por debajo de los costes”, por lo que en esa tesitura, la única alternativa que había era “dejar de vender” o firmar.

“Si hubiéramos tenido que cumplirlo, nos veríamos abocados a no poder vender la producción de aquellos olivareros que tienen mayores costes. Además, en este sector hay un volumen importante de importaciones y lo que no vendemos nosotros, lo venden otros países“, ha defendido.

Rechazo del sector pesquero

Las cofradías pesqueras, la flota artesanal y el comercio minorista tradicional han pedido que el sector de la pesca sea excluido de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La patronal de detallistas Fedepesca, la Federación Nacional de las Cofradías Pesqueras (FNCP) y la Federación Nacional de Pescaderías Artesanales (Fenapa) han rechazado el proyecto legislativo, por considerar que es inviable e ignora la realidad de la pesca.

Las tres organizaciones han participado en la ronda de comparecencias de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de Congreso, para debatir sobre la reforma de la Ley presentada por el Gobierno con el fin de mejorar las relaciones dentro de la cadena alimentaria (productores, industria y comercio).

Los productores de distintas regiones también opinan

La Comisión de Agricultura también ha dado voz a otros productores de distintas regiones, como el director general de la Cooperativa Plana de Vic (Cataluña), Daniel Bassas, quien se ha referido a los “problemas de interpretación” sobre cuáles son los costes efectivos de producción y ha reclamado índices de referencia para su cálculo.

El director general del Clúster de Alimentación de Euskadi, Jon Ander Egaña, ha considerado necesario flexibilizar las actuales condiciones contractuales que fija la norma para circunstancias de mercado puntuales, un asunto que resulta en cualquier caso “complejo” si se pretenden evitar las prácticas desleales.

Juan Francisco Chamorro, representante de la Asociación del Sector Primario Extremeño (Aseprex), ha exigido que los contratos se firmen al inicio de las campañas, aunque luego haya margen para renegociar ante imprevistos como epidemias o temporales, puesto que, si se espera a la recolección, los compradores pueden aprovecharse de que los productos perecederos se estropeen.