A petición de España, que por primera vez estará representada en este consejo por el nuevo titular del ramo, Luis Planas,  los aranceles a la aceituna se incluyeron en la agenda de la reunión a última hora. Fue después de que Estados Unidos ratificara su posición sobre los procedimientos antidumping y antisubvención abiertos en julio de 2017.
La medida impuesta por Washington, resultado de la investigación que abrió el departamento de Comercio estadounidense en julio, ha desatado preocupación en España y en Bruselas. Puede tener impacto no solo en el sector de la aceituna sino en otros productos europeos que reciben ayudas de la PAC.

Según las autoridades estadounidenses, la aceituna negra de mesa española se ha exportado al país a precios de dumping (competencia desleal) y recibe ayudas comunitarias y españolas que “le confieren ventajas desleales sobre sus competidoras americanas”. España presionará a la Comisión Europea (CE) para que eleve el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) al considerar que la denuncia cuestiona las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que forman parte de la llamada “caja verde”. Según la propia definición de la OMC, esto “significa que no tienen impacto en el comercio internacional”.

Una “respuesta adecuada” contra los aranceles a la aceituna

En este sentido, España pedirá a la CE que sea “más activa” frente a las autoridades americanas e “instrumentar una respuesta adecuada” antes de que la decisión sea definitiva, cuando la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) estadounidense publique su dictamen el 24 de julio. La respuesta puede pasar por recurrir ante este foro comercial internacional, donde Bruselas sería el interlocutor en nombre de la UE.

El futuro de la PAC

Además, los ministros abordarán la petición de España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal en contra de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el horizonte 2021-2027 que plantea un recorte -a precios corrientes- de los pagos directos del 3,5 % para España y de un 15 % para desarrollo rural.
A esta declaración está previsto que se sumen otros siete países, según informaron fuentes diplomáticas.
La declaración consensuada consta de once puntos en los que estos países resaltan la importancia de la PAC para ofrecer un “suministro seguro” de productos agrarios que responde “a los máximos estándares sanitarios y medioambientales”.
Entre otros aspectos, afirman en el texto que esta política “constituye la primera red de seguridad” para los agricultores y tiene “un efecto directo” sobre sus ingresos.
En el ámbito pesquero, los ministros también hablarán de la propuesta de la CE para el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que plantea un recorte del 6,6 % para España, con una reducción global de 1.200 millones de euros (2014-2020) a 1.120 millones (2021-2027).