Entra en vigor el tratado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que impide el acceso a los puertos a los barcos que practiquen la pesca ilegal. Suscrito por 29 países y la Unión Europea (UE), supone un avance en el combate contra las flotas que operan de forma ilícita.
El "Acuerdo de medidas del Estado rector de puerto", vigente desde el pasado domingo, tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Los países que lo apliquen, entre ellos España, negarán la entrada al puerto o el acceso a los servicios portuarios, incluidos el el desembarco y trasbordo de pescado, a buques de bandera extranjera conocidos por su participación en actividades ilegales.
Los países que han firmado el tratado representan el 62 % de las importaciones pesqueras y el 39 % de las importaciones.
La UE y 29 naciones, responsables del 62 % de las importaciones pesqueras y del 49 % de las exportaciones, han firmado el acuerdo hasta la fecha. La FAO considera que es un buen punto de partida, pero no suficiente, por lo que espera que aumenten los países que lo ratifiquen.
Según estimaciones de la FAO, 26 millones de toneladas de peces se capturan cada año de manera ilegal, un negocio que puede llegar a mover hasta 23.000 millones de dólares (unos 20.600 millones de euros).
La especialista de la FAO Lori Curtis ha explicado a Efe que "la efectividad del acuerdo aumentará sustancialmente cuantos más países formen parte".
"Muchos países ya han puesto en marcha las medidas, no es nada nuevo que puedan hacerlo. Lo que cambia es que se vuelve una obligación para ellos", afirma Curtis, que agrega que, mientras algunos han tratado de adaptar su legislación, otros se han asegurado de que lo tenían todo en orden antes de sumarse.
Entre las adhesiones figuran Chile, Costa Rica Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Indonesia, Islandia, Nueva Zelanda o Somalia.
Los países firmantes deben designar puertos específicos para los buques extranjeros, que tienen que solicitar permiso con antelación para entrar en ellos, facilitar información a las autoridades y permitir la inspección a bordo.
En caso de prohibir el acceso o inspeccionar la nave, los países deben comunicárselo al Estado al que pertenece la bandera y tienen la posibilidad de informar a otras partes, como otros países a los que pueda dirigirse luego el barco en cuestión.
El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, ha manifestado que es "un instrumento poderoso" frente a la pesca ilegal a nivel europeo y global y una "mejora significativa" en la gobernanza internacional de los océanos. Ha subrayado que lo responsables de actividades ilícitas "pronto no tendrán donde esconderse".
