El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este jueves con los líderes de las organizaciones Asaja, COAG y UPA, a quienes ha trasladado la necesidad de lograr un proceso de convergencia "gradual y continuo", y con fecha de finalización.

En una rueda de prensa, Planas ha señalado que el decreto transitorio de aplicación de las normas de la PAC entre 2021 y 2022 -antes de que entre en vigor en 2023 la reforma de la política agraria que se está negociando actualmente en la Unión Europea (UE)- no puede modificarse para este año por "problemas de seguridad jurídica".

Aún así, ha mostrado su "voluntad de diálogo" y de hacer un "esfuerzo adicional para avanzar y llegar a acuerdos" con las comunidades autónomas y el sector en torno al proceso de convergencia de 2022, en el margo de la negociación global de la futura PAC.

También ha citado otros elementos de debate como la reducción del número de regiones (actualmente son 50), el techo de las ayudas o el pago redistributivo.

Planas ha defendido, no obstante, que el actual decreto está "perfectamente fundamentado", "plenamente vigente" y responde a una "necesidad real".

Ha destacado que el fin de la futura PAC será conseguir una "convergencia significativa" porque lo "exige" la Unión Europea, que es la que "debe aprobar el plan estratégico nacional" para su aplicación.

El objetivo es que dos productores que "hagan lo mismo, deben percibir lo mismo, dentro de una horquilla", ha insistido el ministro, quien ha recordado que la PAC no se destina a "superficies o territorios, sino a los productores que necesitan su apoyo para obtener la rentabilidad en sus explotaciones".

Por otro lado, el ministro ha puntualizado que en la reunión a la que acudirá del Consejo de ministros de Agricultura de la UE hablarán no solo de la PAC, sino también de las ayudas extraordinarias al sector vitivinícola, a petición del Gobierno.

Además, Planas ha expresado su "voluntad de dar una respuesta" a las reivindicaciones del sector del tabaco, que genera "riqueza y empleo" en Extremadura.

Los representantes de las organizaciones agrarias se han mostrado a favor de abrir nuevas vías de negociación sobre la convergencia de la PAC, al margen de las reacciones que pueda haber en territorios como Andalucía, donde el sector agrario tiene prevista una tractorada mañana en Jerez en un contexto de nuevas movilizaciones contra el decreto de transición por miedo a recortes en las ayudas.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que "se abren nuevas vías de trabajo para llegar a una definición concreta" de la convergencia y otros puntos como las regiones o los derechos individuales.

Ha defendido un presupuesto adicional de ayudas al vino, afectado por la pandemia, al tiempo que se ha mostrado en contra de reforzar la "condicionalidad social" en la futura PAC y ha pedido que se facilite el cumplimiento de los requisitos ambientales.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha apostado por suprimir las nuevas reglas de transición en 2022 e integrar ese año en el periodo que se extiende al menos hasta 2027 con el fin de que haya una convergencia "progresiva que no genere distorsiones".

Blanco es partidario de dar ayudas extraordinarias al vino, fomentar el regadío, extender la replantación de viñedo a 2040 y regular el mercado en situaciones de crisis, aunque se ha mostrado en contra de reforzar más la condicionalidad de las ayudas y de la definición de agricultor genuino propuesta por la Comisión Europea.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha defendido que se abra el debate para lograr una solución respecto a la convergencia de la PAC con el fin de que "se aplique con más flexibilidad" y se otorgue más tiempo de adaptación.

A su juicio, las ayudas agrarias deben destinarse a "la gente que de verdad lo necesita", en particular a los agricultores familiares y profesionales, y ha reivindicado un presupuesto específico para las ayudas redistributivas que beneficie a ese modelo de producción.