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Cuatro fundaciones han exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que se coordine mejor con la Fiscalía Ambiental ante “irregularidades” en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), por beneficiar a productores que incumplen las normas medioambientales.
Las ONG han señalado este martes que agricultores y ganaderos con sentencias penales en firme por graves incumplimientos medioambientales siguen recibiendo las subvenciones de la PAC.
Las organizaciones han denunciado que se trata de un “fraude sistémico en relación a fondos públicos debido a un laxo régimen de penalizaciones y una falta de coordinación administrativa entre fiscalía ambiental y los órganos pagadores y coordinadores de dicho régimen”.
Han suscrito la petición: la Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, la Fundación Oso Pardo y Fundación Naturaleza y Hombre y la Fundación Global Nature.
Las fundaciones han reclamado al MAPA que “de forma urgente” solicite a las CCAA que crucen datos con fiscalía ambiental para el cumplimiento de la condicionalidad reforzada (requisitos ambientales para el cobro de la subvenciones) del Plan Estratégico de la PAC entre 2023 y 2027.
“Estos pasos son necesarios para lograr la verdadera finalidad del régimen de la condicionalidad reforzada, frenar los incumplimientos de la PAC y evitar el fraude de los fondos públicos”, han señalado.
Como ejemplo, han apuntado que en una autonomía del norte de España apareció un quebrantahuesos envenenado con una sustancia tóxica encontrada en una explotación ganadera cercana y han añadido que su propietario cobró en el mismo año 42.000 euros de la PAC.
Las fundaciones se han dirigido a las instituciones de la Unión Europea (UE) y a las administraciones públicas para buscar soluciones técnicas y jurídicas “frente a la impunidad existente”.
Han asegurado que existe un nuevo marco jurídico que posibilita poner fin a estos delitos ambientales y la impunidad que hasta la fecha existía con el robo de agua ilegal en espacios protegidos gracias a la sentencia que condenó a agricultores titulares de una finca de Doñana por la extracción ilegal continuada de agua.
“Se debería conseguir una PAC que mejore el sector agrícola y ganadero de nuestro país, y que beneficie a quien cumple las buenas prácticas ambientales y los requisitos legales, a la vez que sanciona adecuadamente a todos aquellos actores que incumplen la legislación ambiental”, según el comunicado.
Las fundaciones también se van a dirigir al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del MAPA para solicitar una reunión de trabajo técnica y pedir una mejora del régimen sancionador de la PAC.
