Las divergencias sobre el uso de los recursos marinos están dificultando la negociación de un nuevo acuerdo legalmente vinculante a nivel internacional para garantizar su biodiversidad y su gestión sostenible en alta mar.

Así lo aseguró hoy la directora de la División de Asuntos del Océano y del Derecho del Mar de la ONU, Gabriele Goettsche-Wanli, al inicio de una conferencia internacional sobre las áreas marinas fuera de las jurisdicciones nacionales (AFJN), que se celebra en la localidad costera de Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia.

Ninguna nación gobierna por sí sola o es la única responsable de las áreas que se encuentran más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de los Estados y que comprenden tanto la columna de agua como los fondos marinos.

En diciembre de 2017 la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para que una conferencia internacional elabore un instrumento legal con vistas a regular las actividades en ese espacio, que representa el 40 % de la superficie del planeta y el 62 % de la de los océanos.

Goettsche-Wanli consideró que el asunto es “complejo y políticamente muy sensible”, ya ha sido abordado desde 2004 de manera informal y ahora la Asamblea General quiere que se legisle “lo antes posible”.

La funcionaria de la ONU destacó que las nuevas negociaciones están marcadas por “divergencias” sobre el uso de los recursos genéticos marinos en esas aguas internacionales.

Diferencias sobre la naturaleza de los recursos

En concreto, dijo que persisten las diferencias sobre la naturaleza de esos recursos, la posibilidad de regular el acceso, los beneficios que deben compartirse o los derechos de propiedad intelectuales derivados de su utilización.

Tampoco está claro cómo evaluar el uso de los recursos, si eso debería estar a cargo de los Estados o de un ente internacional, ni las condiciones para transferir las tecnologías a países menos desarrollados o los posibles mecanismos de rendición de cuentas, financiación y resolución de disputas.

El nuevo texto debería ser “completamente consistente” con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece los derechos y obligaciones de los Estados en relación con el uso de esos mares.

La considerada como la “Constitución de los océanos” se complementa con distintas convenciones, dirigidas a sectores concretos como la pesca, las embarcaciones o la biodiversidad, por lo que el acuerdo serviría para “unificar” esos instrumentos, según la responsable. A partir del próximo septiembre y hasta 2020 se celebrarán cuatro sesiones para sacarlo adelante, que en un principio se busca consensuar.

El representante de Francia en esas negociaciones, Serge Segura, subrayó que los países suelen ser “muy egoístas” en esa clase de cuestiones, por lo que llamó a una mayor movilización ciudadana para influir en la toma de decisión.

Las áreas en alta mar, en su mayoría gestionadas por organizaciones internacionales, concentran gran variedad de actividades, desde la pesca hasta el tráfico marítimo, el turismo, la investigación científica, las telecomunicaciones por cables submarinos o la extracción de minerales, petróleo y gas.

Sus ricos ecosistemas están amenazados por la contaminación, la sobreexplotación, la sobrepesca y el cambio climático, entre otros factores.