Las organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- y las cooperativas han pedido al Gobierno que impulse más medidas para recuperar los precios en origen del aceite de oliva, aparte de las presentadas el jueves por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Según explicó Planas, se trata de un paquete de medidas dirigido a facilitar que la oferta de aceite de oliva en el mercado se pueda limitar y que se incremente su calidad con el objetivo de que los precios en origen a los olivareros suban.

Permitir almacenar y retirar del mercado aceite cuando la producción sea más elevada de lo habitual, apostar por la cosecha temprana y aumentar la superficie de olivar ecológico, así como distinguir en la etiqueta el aceite procedente de explotaciones tradicionales (y no intensivas) son algunas de las medidas incluidas en este paquete. “Estamos ante una situación que no responde a un ciclo habitual. Nuestro análisis es que nos encontramos ante una cuestión estructural”,  dijo Planas tras prever un escenario para los próximos años en el que la producción española de aceite de oliva tiende a crecer mientras la demanda a nivel mundial se mantiene estancada.

Los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias y de las organizaciones agrarias han valorado, en declaraciones a Efeagro, la hoja de ruta difundida por Planas, pero han coincidido en que hace falta aplicar medidas adicionales.

El responsable del sector de aceite de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, ha celebrado la propuesta para favorecer la autorregulación, “una prioridad absoluta” para reequilibrar el mercado.

No obstante, para las cooperativas es importante conseguir “de forma inmediata” que en la Política Agrícola Común (PAC) se incluya el aceite de oliva en un artículo de la reglamentación que permite adecuar la oferta a la demanda de la forma en que ya se admite para el sector del vino y que, a su juicio, serviría para “revertir” el problema de los precios.

“Ambicioso” para unos, insuficiente para otros

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha descrito la propuesta del Gobierno como un “plan ambicioso que, de cumplirse, puede solucionar parte de lo que el sector está demandando“, pero según Asaja, a la hoja de ruta le falta “un plan de reestructuración del sector con agua y medidas económicas” y más dedicación a la producción tradicional.

El responsable de COAG para el aceite de oliva, Juan Luis Ávila, ha asegurado que “si no se resuelve el problema a corto plazo, la mitad del sector no va a poder seguir“, y por ello ha pedido otras medidas “fundamentales” como la referenciación de precios, de forma que se den instrucciones para facilitar el cálculo de los costes de producción.

Ha añadido que se necesita una “regulación obligatoria” para un sector tan “grande y diverso” como el olivarero, en el que las medidas voluntarias “luego no funcionan”, y ha mostrado esperanza en que la nueva ley de calidad marque “un antes y un después”, contribuyendo al control de las importaciones.

El responsable sectorial del olivar UPA, Cristobal Cano, ha mostrado “frialdad” ante las medidas, porque a su juicio no son suficientes, ya que hacen falta “actuaciones a corto plazo” que cambien la tendencia de precios. “No hay tiempo”, porque los agricultores acumulan pérdidas de varias campañas, y ha asegurado que no cree que con las medidas anunciadas se consiga dar ese giro.

UPA “no comparte el diagnóstico” del Ministerio sobre la existencia de problemas estructurales, porque a su juicio, en España se comercializa más aceite que el cosechado pero el reparto del beneficio está “desequilibrado” y por ello ha pedido inspecciones y la aplicación la Ley de la Cadena Alimentaria, así como un compromiso de todas las administraciones para “salvar el sector”.

El arancel de Trump y las importaciones

Del lado de la industria, las empresas exportadoras de aceite de oliva justifican el aumento de las compras de este producto a otros países para sortear el arancel impuesto en Estados Unidos para no perder cuota en este mercado, y niegan ser responsables de la caída del precio en origen registrado en España.

“El incremento de las importaciones se debe a la incapacidad de la UE y de la Administración española para solventar el tema con Estados Unidos, no nos podemos quedar de brazos cruzados“, ha subrayado en declaraciones a Efeagro el director de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico.

La patronal, que agrupa a algunas de las mayores empresas exportadoras a nivel nacional, calcula que en los últimos meses se han adquirido en torno a 100.000 toneladas más de aceite de oliva de otros países -entre ellos Túnez- respecto a lo que era habitual en otros años.

Ésta es una vía para evitar el arancel, ya que las aceiteras pueden envasar ese aceite y mandarlo con su marca a Estados Unidos, donde el impuesto sólo afecta al producto ya envasado cuyo origen sea español y no de otras latitudes.

Exceso de producción

Otra alternativa -a la que también han recurrido algunas de las grandes firmas del sector- es mandar aceite a granel directamente a Estados Unidos y embotellarlo en el país.

Las compañías exportadoras defienden que los bajos precios se deben fundamentalmente a un “exceso” de producción, según Pico, y han advertido de que antes de dar su apoyo a varias de las medidas propuestas por el Ejecutivo necesitan saber al detalle su alcance.

“Las organizaciones agrarias dicen que el olivar no es rentable, pero en los últimos años ha crecido la superficie destinada a este cultivo sustituyendo otras plantaciones”, ha señalado el director de Asoliva.

Desde el sector exportador han pedido más datos sobre la intención de conceder a Cooperativas Agro-alimentarias la potestad de retirar voluntariamente una parte de su producción cuando ésta sea superior a la media, pendiente del visto bueno de Bruselas.

“Ese tipo de medidas encarecerían el producto y nosotros luego competimos en el exterior, a la hora de exportar, con otros países que no afrontan ese coste“, ha apuntado Pico.

En esta misma línea, ha criticado la intención del Ministerio de incluir en la norma de calidad para el aceite de oliva -el real decreto que la regula está pendiente también de aprobación- la obligación de que las industrias separen físicamente sus instalaciones en función del tipo de aceite que producen.

“Hemos alegado contra eso pero todavía no nos han contestado. Supondría una inversión enorme, sería otro sobrecoste que otros países no tendrían”, ha insistido.