El informe “Los comedores escolares en España”, difundido hoy, reclama a las administraciones públicas más transparencia en la contratación de la restauración escolar y llama la atención sobre la tendencia a la subcontratación y a los servicios de cátering frente a las cocinas “in situ”.
El informe, con datos del curso 2015-2016 sólo de nueve comunidades autónomas y que se ha presentado esta semana, surge a partir de la investigación realizada por Carro de Combate, Del Campo al Cole y SEO/BirdLife, con la colaboración de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) y el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
Según el estudio, en el citado curso académico 1,75 millones de estudiantes españoles utilizaron los servicios de comedor, sin contar a los de la Comunidad Valenciana, desde donde la petición de información “no obtuvo respuesta”.
Igualmente, los impulsores de este estudio destacan los “problemas informáticos” de Canarias, Castilla y León, Asturias y Cantabria para facilitar datos o la negativa de Extremadura y la Comunidad de Madrid a proporcionar la información.
Mucha línea fría
La tendencia, según el informe, es “a la generalización del modelo de subcontratación, a menudo a través de la línea fría”, de manera que el 63,6% de los centros utiliza servicios externos de catering, mientras que sólo un 36,4% tiene cocinas ‘in situ’ en las nueve comunidades autónomas que aportaron datos para este informe. Además, sólo un 19% de los centros tenía em ese momento gestión directa por la administración, mientras que el 81% era de gestión indirecta, datos en este caso correspondientes a ocho comunidades.
El informe también recalca la tendencia al oligopolio pues, “el 58% del mercado de restauración colectiva en los comedores escolares en España está en manos de tan sólo cuatro empresas: Serunion, Compass Group, Aramark y Ausolan -que se reparten un pastel de unos 630 millones de euros al año”, solo en catering externos.
Y otro de los criterios más cuestionados por madres y padres es “que el precio más bajo condicione algunas licitaciones”, pues influye en la baja calidad nutricional de las dietas escolares.
En contraposición, también han surgido en todo el Estado iniciativas de comedores “con visión agroecológica, que devuelven el control de la cocina a la comunidad escolar y que no sólo tienen en cuenta la calidad nutricional de los menús, sino también el impacto social y ambiental de los productos utilizados”.
En cuanto a la situación de futuro, el informe recuerda que la nueva ley de contratación pública aprobada en 2017 introduce importantes modificaciones en los procesos de licitación, como “la mejor relación calidad-precio, la introducción de criterios sociales y medioambientales y la mayor transparencia”.
