Las pérdidas de facturación en el sector varían en función de su modelo de negocio, pero de media oscilan entre el 20 y el 80 %, a partir de los datos ofrecidos por los socios de la patronal.

Llargués asegura en una entrevista concedida a Efeagro que las panaderías de aquellos pueblos que albergan segundas residencias “lo están pasando muy mal”.

Si los establecimientos en esas zonas ante “subsistían gracias a quienes pasaban el fin de semana o iban de turismo”, ahora solo venden a los habitantes del pueblo, explica el presidente de Ceoppan, que también está al cargo de una panadería familiar fundada en 1879 en la localidad de Mollet del Vallés (Barcelona).

En su opinión, un pueblo sin una panadería abierta es simplemente una “urbanización”, explica en una forma de ejemplificar la importancia que tienen estos locales en la vida de las zonas rurales.

También extiende su reconocimiento a los panaderos que recorren cada día decenas de kilómetros para llevar el pan y otros productos básicos a los vecinos de otros pueblos que no cuentan con este servicio en los momentos de confinamiento.

Ambientes difíciles

Llargués insiste en que las panaderías “han cumplido su misión” para alimentar a la población y han adoptado las necesarias medidas de seguridad e higiene, como usar guantes o mantener las distancias físicas.

Esto último explica, por ejemplo, las largas colas de personas que se han visto en las calles a la entrada de muchas de estas tiendas, sin que eso haya repercutido por lo general en mayores ventas, según señala.

Recuerda que el lugar físico que ocupan esos negocios es clave: los ubicados junto a una universidad o un centro cultural podían antes vender mucho y lograr inversiones, pero han tenido que parar su actividad hasta en un 60 % por la suspensión de las clases y las restricciones sufridas en otros sectores.

Precisamente, el cierre de bares y restaurantes ha cortado de pronto la vía de ingresos para las numerosas panaderías que les surten de pan, así como hacen los grandes maestros formados en escuelas de panadería y reclamados por los chefs para ofrecer un producto distinto y de calidad.

El responsable de la confederación destaca aquellos casos en los que ofrecían sus productos a restaurantes, escuelas o empresas de cáterin, un segmento que llegaba a alcanzar hasta el 70 % de su facturación.

Medidas de apoyo

Ante esa disyuntiva, Llargués señala que en su asociación la mayoría de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados han sido aprobados, si bien ignora “qué pasará con los trabajadores” cuando el resto de actividades vaya reabriendo y cambien las condiciones de negocio.

“Queremos equilibrar las plantillas porque si no, no se puede salir”, argumenta, al tiempo que reclama mayor flexibilidad.

Pide, además, recursos financieros sin la obligación de devolverlos para que “las deudas no agobien a las empresas”, después de los “tres meses de respiración asistida” que ha ofrecido el Gobierno.

Se refiere indirectamente a algunas de las medidas adoptadas temporalmente como la financiación de los ERTES, los avales del Instituto de Crédito al Consumo (ICO), la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social o el aplazamiento del pago de impuestos.

“Cuando venga septiembre habrá que pagar eso” y otras tantas cuestiones pendientes, apunta Llargués, quien advierte que en esa rueda, si las empresas cierran, la administración pública tampoco podrá recaudar.