Así lo ha explicado en declaraciones a Efeagro el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, quien ha atribuido estos problemas a la “celeridad” con la que se ha reescrito la normativa para modificar un borrador existente desde hace más de un año.

Desde la entidad patronal, que cuenta entre sus miembros a empresas vinculadas con el negocio del pan como Bimbo o Adam Foods (dueña de la marca Panrico), han mostrado su contrariedad con determinadas partes de la nueva legislación.

“Entendemos la renovación y modernización de esta norma como una necesidad del consumidor y del propio sector -la anterior estaba vigente desde 1984-, si bien hay ciertas cuestiones que dificultarán su aplicación y podrán restar competitividad a nuestro sector ante competidores de otros países de la Unión Europea y terceros, que no habrán de cumplir estos requisitos”, ha lamentado Moreno.

Diferentes interpretaciones dentro del sector

En su opinión, el texto -publicado en el BOE el pasado sábado- “puede llevar a confusión“, lo que “complicará su interpretación, aplicación y control“.

Sin entrar en detalles sobre cuáles son los puntos concretos de la legislación que perjudican al sector, ha subrayado que la industria de la panadería envasada mantiene su compromiso de aplicar la norma vigente y colaborar con la administración y el consumidor.

En contraste, el presidente de la Asociación española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), Felipe Ruano, ha señalado a Efeagro que la nueva norma de calidad es “positiva” y sirve “para acercar la legislación a la realidad actual del sector y a las tendencias del consumo”, aunque ha admitido que existen “ciertos aspectos mejorables”.

En este sentido, ha apuntado que la obligación de reducir el contenido de sal en el pan por ejemplo (no entra en vigor hasta abril de 2022) exige soluciones “dificultosas y costosas para el sector, que deberá asumir la responsabilidad” tanto en términos técnicos como económicos, ya que la sal tiene efectos conservantes y ayuda a darle sabor al producto.

Sin embargo, la reducción del IVA al 4 % en algunas referencias gracias a la ampliación de la definición de “pan común” es citado desde Asemac -que representa al sector de las masas congeladas- como una de las principales ventajas de cara al consumidor, que podría ser incluso “un nuevo aliciente” al consumo de este producto.

Legislación no exenta de polémica

El consumo per cápita en España de pan se ha desplomado en un 80 % durante las últimas dos décadas: de 57 kilos en 1998 a 31,8 en 2018.

La nueva norma de calidad entra en vigor el próximo 1 de julio, aunque el texto precisa que los productos elaborados antes de esta fecha y que no se ajusten a sus exigencias “podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias”.

Fuentes del sector apuntan que el documento aprobado por el Gobierno ha levantado ampollas en parte del sector alimentario al definir de forma más estricta las características de cada producto, lo que en la práctica obligará a las empresas a reformular recetas o dejar de usar determinadas denominaciones comerciales.

Conceptos como “integral”, “elaborado con masa madre”, “multicereal” o “artesano” se han visto restringidos, ya que la nueva norma define de forma precisa cuáles son los requisitos exactos para poder utilizar esas denominaciones.