El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, con el fin de mejorar la posición de los agricultores y ganaderos, según ha informado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Con esta decisión, el Gobierno adapta a la legislación española la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales desleales, que repercuten negativamente en los precios para el agricultor.

De esta forma, la modificación de la Ley inicia su trámite parlamentario, ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Esta es la tercera vez en 2020 que el Consejo de Ministros examina la Ley de la Cadena Alimentaria; el primer ajuste fue en febrero, en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos para reivindicar una remuneración justa; en junio presentó el anteproyecto de ley de reforma, en primera lectura.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que los objetivos de la reforma son: una mayor transparencia en el funcionamiento de los precios; un equilibrio entre todos los eslabones (productores, supermercados e industria) y proteger al “más débil”, es decir al agricultor.

Más protección

Entre las novedades, ha destacado que cualquier transacción de los operadores de la cadena que en parte se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea.

Esto significa que un exportador español de frutas y hortalizas podrá tener protección en operaciones con cualquier comprador de cualquier destino de otro país comunitario.

Amplía los productos cubiertos por la ley, de manera que a los primarios (agrícola y ganaderos) se añaden también los alimentos transformados, como el pan, el chocolate o la cerveza.

La modificación legal también extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios. Amplía las prácticas prohibidas, que entran en una “lista negra”, por ser contrarias al “comercio leal”, e incorpora nuevas infracciones sancionables.

Otra novedad es la inclusión de nuevas obligaciones en el contrato, por operaciones de un mínimo de mil euros, que ahora afectan a las relativas a un importe de 2.500 euros.

Condiciones para las cooperativas

En el caso de las cooperativas, Planas ha detallado que podrán sustituir eventualmente el contrato escrito por una “prescripción” y reglas claras sobre los plazos de pago, las referencias de precio y entrega para socios cooperativistas.

El proyecto ha sido objeto de informe por parte de las Comunidades Autónomas, el sector, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.

Planas confía en que su tramitación en el Congreso y Senado concluya en el primer período de sesiones de 2021, para que la nueva Ley de la Cadena entre en vigor el 1 de noviembre del año que viene, cumpliendo los plazos establecidos en la regulación comunitaria.

Por otro lado, el ministro ha anunciado la presentación, en el primer trimestre de 2021, de un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, para complementar la normativa agroalimentaria nacional.

Reacciones desde distintos sectores

Entre las organizaciones agrarias, el responsable de Cadena Agroalimentaria de Asaja, José Ramón Díaz, ha indicado a Efeagro que ve “interesante” aspectos como la extensión del listado de las prácticas comerciales desleales y la “potenciación” de la AICA como organismo de control.

Díaz ha pedido la elaboración de precios “de referencia” para proteger más al productor y evitar que se formen “de arriba hacia abajo”, al tiempo que ha expresado sus dudas de que todas estas normativas acaben con los problemas en las relaciones entre los eslabones de la cadena, aunque sirvan para “avanzar un poco”.

El director general de Cooperativas Agroalimentarias, Agustín Herrero, se ha mostrado a favor del proyecto de reforma, así como de la obligación de que las cooperativas acuerden y comuniquen a los socios el procedimiento de determinación del valor del producto y el calendario de pago, una práctica que ya muchas realizan.

“Que los precios estén por encima de los costes de producción es obvio que es un objetivo”, pero si no se consigue, hará falta disponer de “suficientes mecanismos de gestión de la oferta públicos y privados que permitan reequilibrar esas situaciones”, ha explicado Herrero.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha reclamado en una nota que las medidas recogidas en la futura ley de la cadena alimentaria “no mermen la eficiencia de la cadena, que es excelente y cuyo buen funcionamiento se ha demostrado”, ni se rompa el equilibrio entre eslabones.

“Cualquier medida debe tener también en cuenta el eslabón final, el consumidor, y no debe perjudicar el acceso a la alimentación que éste tiene en estos momentos”, ha planteado Asedas, tras considerar que la directiva europea “no aporta grandes cambios” a la actual ley de la cadena española y que debe cumplirse “el objetivo común de aportar estabilidad y seguridad jurídica a todos los eslabones”.