El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido con patronales de la industria alimentaria, el comercio de cereales y los sectores de fertilizantes y piensos, que en general han pedido al Gobierno prorrogar las ayudas por la guerra en Irán.
El objetivo es hacer un seguimiento del conflicto, dentro de la ronda de reuniones que inició Cuerpo la semana pasada con los agentes sociales -sindicatos y patronales-; en el caso del sector agroalimentario hay alerta por el encarecimiento del gasóleo y de los fertilizantes, cuyas pérdidas pueden prolongarse a la próxima campaña.
El presidente de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Ignacio Silva, ha recordado en declaraciones a los medios antes del encuentro que el impacto en la industria manufacturera es de 7.400 millones de euros, por lo que ha reclamado mantener en vigor las medidas para compensar "un poco" este coste.
Desde la patronal de la industria alimentaria prevén abordar los problemas con los fletes marítimos y los seguros que están teniendo las empresas del sector en otro encuentro con la secretaría de Estado de Comercio, de cara a pedir "la complementaridad de este tipo de gastos".

El vicepresidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), Alfonso Palomo, ha mostrado su esperanza en que las medidas del plan de respuesta a la crisis originada por la guerra en Irán se amplíen más allá del 30 de septiembre, cuando está previsto que finalicen.
Aparte de las ayudas al gasóleo y los fertilizantes, ha señalado que esperan nuevos anuncios, como la reducción o la eliminación del IVA a estos insumos.
Así lo ha defendido porque "el incremento en precios es cada vez mayor" y ahora, cuando empieza la época de sementera, la situación se ha vuelto "insostenible" para el agricultor.
El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), Fernando Antúnez, ha resaltado, por su parte, la necesidad de medidas de ayuda ante el incremento de costes de energía y de materias primas que sufre el sector agroalimentario también por la guerra en Ucrania.
Antúnez ha expresado su "preocupación" respecto a los precios y a la "problemática" normativa europea sobre la importación de materias primas de zonas no deforestadas, cuya aplicación fue pospuesta a partir del 30 de diciembre de 2026.
El responsable de Cesfac ha asegurado que se trata de una normativa de "difícil o casi imposible cumplimiento", en primer lugar por la falta de disponibilidad de suficiente soja y en segundo lugar por el sobrecoste que va a suponer, por lo que ha pedido otra prórroga.
Momento de campañas agrícolas
La reunión de ambos ministros es la primera de esta semana con el sector porque mañana está previsto otro encuentro, en este caso de Planas con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y las cooperativas agroalimentarias.
El secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio Huertas, ha participado en la reunión de este lunes y ha explicado que el sector está en un "momento complicado" por la recogida de las diferentes cosechas, que hacen que se consuma "mucho más gasóleo que nunca".
La organización agraria solicita que se prorroguen las medidas, como la ayuda de 20 céntimos al gasóleo agrícola.
El campo haya anunciado movilizaciones por todo el país, después de la fuerte subida de los costes de producción como el del gasóleo agrícola, que ha registrado los niveles más altos en los últimos días desde que comenzó la invasión de Irán, el 28 de febrero, con un repunte del 52 %, mientras que el gasóleo de uso pesquero se vende un 85 % más caro, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Estas subidas coinciden, además, en un contexto agronómico de plena vendimia y en puertas de la siembra de cereal y la recolección de aceituna.
Por otra parte, el encarecimiento de los fertilizantes ha elevado los costes del sector agroalimentario y puede afectar a las nuevas siembras de otoño, lo que junto con los sobrecostes energéticos y logísticos repercutirá en los precios que pagan los consumidores.





