La pesca ilegal representa más de 20 % de las capturas mundiales y su erradicación requiere más controles de los puertos, de los abanderamientos de los buques y de las inversiones en los países laxos en el cumplimiento de las normas, según las voces del sector.

El Día de la Lucha contra la Pesca Ilegal realza, cada 5 de junio, la necesidad de atajar este problema y sus vertientes más oscuras, como el maltrato laboral a bordo y el acaparamiento de los mares y del mercado alimentario por flotas de naciones con menos vigilancia.

Este año, la conmemoración precede a la Cumbre de los Océanos que comenzará el día 9 en Niza y, en ese contexto, representantes de la flota y de las ONG han analizado con Efeagro sus consecuencias y las soluciones para que el pescado que llega a las mesas proceda de barcos legales y sostenibles.

La ONU ha cifrado en 26 millones de toneladas anuales y en 21.000 millones de euros el impacto de la pesca ilegal pero precisamente porque es ilícita es difícil cuantificar su alcance.

Está vinculada a bajos niveles de "seguridad y de condiciones laborales", según la ONU, y por ello, se han promovido normas legales como el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo digno a bordo de 2007, que España aplica pero que han ratificado pocas naciones.

Consenso sobre la necesidad de control en toda la UE

El Consejo Consultivo de Pesca de Larga Distancia de la Unión Europea (UE), que agrupa a la industria pesquera y a las ONG, ha publicado dictámenes pidiendo "tolerancia cero" y que se apliquen medidas para evitar las importaciones de las flotas ilegales; España es un país deficitario en pescado.

Este organismo ha solicitado que la vigilancia portuaria y aduanera se haga en los 27 países comunitarios, pues entre los ambientalistas y los armadores consultados hay una coincidencia: España controla más sus puertos, pero otros países son el coladero de ese pescado "negro" que luego llega al mercado español.

También ha reclamado a la UE medidas y un mejor registro de datos para limitar que los armadores usen pabellones de conveniencia para sus barcos, es decir que los matriculen en naciones extracomunitarias con menos control.

La flota pide acción ante la pérdida de espacio

Entre las flotas españolas que se ven amenazadas por la pesca ilegal destaca la atunera, que ha denunciado su pérdida de espacio y rentabilidad frente a competidores de países como los asiáticos (China es la primera potencia mundial) por esa desigualdad en el control.

La organización de armadores atuneros Opagac ha alertado de que la presencia en el Atlántico de la flota atunera española se ha reducido un 68 % entre 2016 y 2024, mientras que los navíos asiáticos con bandera de países africanos han elevado sus capturas un 68 %.

El director gerente de Opagac, Julio Morón, también presidente de la patronal de armadores Cepesca, ha apelado a una mayor actuación de la Comisión Europea y a la concienciación de los supermercados a la hora de ofrecer conservas de orígenes "responsables".

Morón también ve esperanza en la aplicación de las normativas comunitarias, como la Directiva de Diligencia Debida, que obliga a las empresas a importar productos obtenidos en condiciones dignas y con origen acreditado, pero que se implantará en 2027.

Por otra parte, esta semana las instituciones de la UE han logrado un acuerdo sobre reglas mejoradas frente a la pesca no sostenible permitida por países no pertenecientes al club comunitario en caladeros de interés común.

Foco en el capital inversor

En las aguas reguladas por organizaciones regionales de pesca (ORP) se ha avanzado en el control pero los números siguen "siendo abismales en cuanto a sobreexplotación", según el experto en pesca ilegal de Oceana Ignacio Fresco.

Reconoce que las embarcaciones de la UE están más vigiladas, pero insiste en que sigue habiendo problemas, que achaca también a la falta de control sobre la inversión en terceros países.

"España tiene el mejor sistema de control del mundo (...) pero identificamos irregularidades en las que la Administración española no puede actuar porque los barcos no son españoles, aunque su capital sí lo sea", ha añadido.

También ha defendido un régimen sancionador que se enfoque "no solo en el capitán" sino en penalizar el propietario real de la embarcación, al que tiene las participaciones reales" de la empresa.