El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció la retención de dos barcos sin pabellón en por la "posible comisión de infracciones muy graves relacionadas con la pesca ilegal". Se trata de los buques "Antony" y "Northern Warrior", que al solicitar su acceso al puerto de Vigo presentaron una documentación falsa sobre su abanderamiento, con la que también obtuvieron permisos para faenar en 2015.

Para poder abandonar el puerto, los barcos deberán abonar fianzas superiores al millón de euros cada uno, según el Ministerio.

Esta retención se ha producido en el marco de otra nueva actuación contra la pesca ilegal, denominada "Operación Banderas", si bien está relacionada con las inspecciones y los registros que efectuó la Secretaría General de Pesca durante la llamada "Operación Sparrow 2".

Precisamente, en el marco de la "Sparrow" el Ministerio ha confirmado sanciones por valor de 17,6 millones a un entramado de empresas, con el foco a la gallega Vidal Armadores, por su implicación en la pesca ilegal en el Antártico.

Varios países han cooperado con las operaciones españolas.

Los buques ilegales obtuvieron grandes beneficios

Dentro de todas estas actuaciones sonado la Operación Yuyus, cuyos detalles han desvelado la Guardia Civil e Interpol y en la que también está involucrada Vidal Armadores. Como resultado: seis detenidos y prisión con fianza de 100.000 euros por persona, dictaminada en la Audiencia Nacional, por capturar ilícitamente merluza negra en la Antártida.

La Guardia Civil ha informado de que la pesca ilegal de esa especie ascendió a más de 3.500 toneladas y a un beneficio de 10 millones de euros por temporada. Según sus datos, el grupo lleva delinquiendo desde 2005.
Para aprovechar los beneficios ilegales en España, la empresa contaba diversas empresas afincadas en España y otros países como Belice, Suiza o Panamá, que servían como tapadera de su actividad o para blanquear dinero.

Según la Guardia Civil, "esta operación va a marcar un precedente en otras contra la pesca ilegal" y el grupo criminal "va a tener muchas dificultades para seguir delinquiendo" porque sus tres buques están intervenidos por las respectivas autoridades, sus cuentas se encuentran embargadas y se les va a inhabilitar para la actividad pesquera.

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Oceana han valorado todas estas actuaciones contra la pesca ilegal.
Oceana ha celebrado las actuaciones españolas contra la pesca pirata, por considerar que "abren una nueva era en la lucha mundial" contra las actividades ilícitas de los barcos en los océanos. Ha felicitado a las autoridades españolas por sus operaciones, que han "desarticulado un grupo de (empresas) piratas internacionalmente conocido y activo durante al menos una década".

Greenpeace ha manifestado que durante años investigó a la empresa gallega, además de reclamar a las Administraciones acción y el cese de las subvenciones.