El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó a finales de 2014 que no se podía aplicar el impuesto de doble mínimo para una misma categoría de tabaco (en este caso, cigarrillos) en una sentencia que hacía referencia al mercado italiano.

Este órgano europeo recordó que las directivas nacionales están subordinadas a la normativa comunitaria y advirtió en su fallo de que ésta no permite establecer ningún tipo de diferencias.

En la práctica, el doble mínimo castiga con más impuestos a las compañías que venden por debajo de un determinado precio (en España, el Ejecutivo lo ha fijado en 3,92 euros por cajetilla), lo que hace que a las marcas más baratas les resulte menos rentable bajar de ese "límite".

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han explicado a Efeagro que la decisión de no alterar la actual estructura fiscal de los cigarrillos se debe a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sólo afectaba directamente a Italia.

Estudian más opciones

Las mismas fuentes han insistido en que la sentencia "no obligaba a España" y han avanzado que actualmente se dialoga con la Comisión Europea para analizar éstas y otras opciones de cara al futuro.

"Se está estudiando el doble mínimo, pero también otras opciones, como el modelo alemán. Hay varias posibilidades y se está cerrando con Bruselas qué medidas adoptar, a las cuales estaremos sujetos todos los Estados miembros", han detallado desde el Departamento.

En declaraciones a Efeagro, diferentes fuentes del sector del tabaco han admitido su sorpresa por la decisión del Ejecutivo, ya que se especulaba desde hace casi dos años con la eliminación de este límite y la alteración de la estructura fiscal.

De hecho, el vicepresidente de la multinacional Japan Tobacco Internacional (JTI) Iberia, Miguel Luengo, ya advirtió el año pasado de los riesgos que conllevaba esa sentencia, que en su opinión podría derivar en una guerra de precios.

Luengo instó al Ejecutivo a idear un sistema alternativo al del doble mínimo para evitarlo, y recordó que durante los últimos años y como consecuencia de la crisis económica se registró una marcada tendencia hacia los productos de precio más bajo -que suponen ya casi la mitad del mercado-, lo que podría implicar también una caída de la recaudación.

Fuentes jurídicas argumentan que con el doble mínimo -que también está vigente en Francia-, los gobiernos pretenden poner límites a una guerra de precios a la baja en el sector, con el objetivo de proteger la recaudación vía impuestos.

Sus críticos, sin embargo, apuntan que este tipo de medidas perjudican a las marcas más baratas, que se ven "empujadas" a situar su precio por encima ese límite.

Este doble mínimo implica que las compañías que pese a todo opten por vender las cajetillas por debajo de 3,92 euros pagarán cuando entre en vigor la última revisión -anunciada el pasado viernes- 141 euros por cada mil cigarrillos, tres euros más que hasta ahora.

En España se calcula que, actualmente, en torno al 80 % del precio de una cajetilla corresponde al pago de tasas.

En el caso de las marcas que venden por encima de 3,92 euros -y que por tanto, no se ven sujetos al doble mínimo-, se paga el 21 % de IVA, el 51 % de "Ad Valorem" -un tipo fijo independiente del precio de venta- y el impuesto "específico" o "mínimo".

Es en este gravamen "específico" precisamente en el que el Gobierno ha decidido aplicar una subida del 2,5 %, al pasar de 24,1 a 24,7 euros por cada mil cigarrillos.

En concepto de impuestos especiales, España recaudó más de 19.000 millones de euros en 2015, de los cuáles más de una tercera parte (6.580 millones) procedieron del tabaco, cifra a la que se suman otros 2.000 millones de euros a través del IVA.