El impuesto está en fase de estudio y se está analizando su “viabilidad”, pero por el momento “no se está desarrollando” y ni siquiera “existe el anteproyecto”, según explicó el viernes el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Fuentes del sector apuntan a Efeagro que los contactos entre Hacienda, la patronal que agrupa a los fabricantes de refrescos (Anfabra) y la entidad que representa los intereses de la industria alimentaria (FIAB) arrancaron el pasado mes de enero.

No obstante, confirman que el ritmo de las reuniones fue decayendo en marzo conforme avanzaban las semanas.

Responsables de la Junta de Castilla y León -gobernada por el PP- y representantes del sector azucarero se posicionaron abiertamente en contra de este nuevo gravamen, con el que Hacienda preveía recaudar a lo largo de 2017 en torno a 200 millones de euros.

Incluso el presidente de la Asociación de Fabricantes de Azúcar de España, Juan Luis Rivero, aseguraba a finales de febrero que contaban con el apoyo en esta “lucha” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente liderado por Isabel García Tejerina.

“El Ministerio y la ministra están absolutamente de acuerdo con nosotros en esto; hemos estado viendo en qué medida nos puede ayudar en influir en el Ministerio de Hacienda para parar el impuesto“, afirmó en declaraciones a los periodistas.

Preocupación por Cataluña

Durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Montoro derivó la cuestión hacia la tasa sobre los refrescos incluida en la ‘ley de acompañamiento’ de Presupuestos que vio luz verde la semana pasada en el Parlamento catalán.

“La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas se ha dirigido a mí para expresar su preocupación por que ese impuesto se implante en comunidades autónomas y lo haga de una forma todavía más agresiva que a nivel estatal“, ha advertido el titular de Hacienda.

Tanto FIAB como Anfabra ya alertaron públicamente del negativo impacto del impuesto catalán, ya que en su opinión rompería la unidad de mercado respecto al resto del país, y solicitaron la intervención del Ejecutivo.

También denunciaron la “incertidumbre jurídica” generada con esta tasa, que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de abril, aunque fuentes de la Generalitat confirmaron a EFE que podría aprobarse un decreto en breve para retrasar un mes su entrada en vigor.

Sector en contra

El consumo de refrescos en 2015 -último ejercicio del que hay datos anuales- se situó en España en 41 litros per cápita, de los cuáles aproximadamente la mitad correspondían a bebidas con sabor a cola, según datos del último Panel de Consumo Alimentario.

Desde la industria, la distribución y la hostelería han expresado su rechazo a un gravamen que afectaría a las bebidas azucaradas pero no a otros productos procesados que también llevan azúcar, lo que en su opinión supone una discriminación injustificada.

Además, dentro del sector hay quienes advierten del riesgo de que esta tasa a los refrescos sea apenas un primer paso para, posteriormente, extenderlo a otros productos alimentarios.

De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por Anfabra, la industria de los refrescos en España facturó cerca de 4.500 millones de euros en 2015, un 2,8 % más que un año antes.