"Asumimos obras que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, nos han pedido ayuda", ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al consejo.

Así, declaradas de interés general, el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.

Es "obvio" que estas infraestructuras no estarán operativas para este verano, pero es "obvio también" que los episodios de sequía serán cada vez más intensos y graves debido al cambio climático y se requiere de compromiso especial "que va más allá de la lectura que podamos hacer de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas", ha dicho la también vicepresidenta tercera del Gobierno.

Reducir la presión sobre Doñana

"Es clave que podamos acompañar a quienes nos han pedido apoyo", según Ribera, que ha explicado que también han aprobado intervenciones para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren Doñana.

Así, se sustituirán los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos –Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras–, y se ha aprobado la transferencia de 3 hectómetros cúbicos (Hm3) anuales.

Tanto las obras necesarias para ejecutar este trasvase, como para abastecer al municipio serán asumidas por el Estado central, según Ribera, que ha añadido que están manteniendo un marco de trabajo técnico bilateral con la Dirección de Agua de la Junta de Andalucía, con reuniones quincenales, en las que se aborda el efecto de la sequía y la planificación de las actuaciones.

Doñana es un paraíso para las aves. Foto: Efetur.

"Junto a estas inversiones hemos querido anticipar obras muy significativas que aparecían recogidas en los planes hidrológicos del Segura, Júcar y Tajo", cuya encomienda de gestión directa será encargada a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

Esta sociedad también ha recibido luz verde para licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltáicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, dotado con 600 millones de euros.

Apoyo a los regantes

En apoyo a los regantes y para evitar que en 2023 sufran una reducción de su dotación de agua, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua.

Esta exención será del 50 % si el descenso de la dotación es del 40 % al 60 %, y del 100 % si supera ese 60 %.

Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50 % de dichas cuotas.

Elevar un 150% el volumen de agua reutilizada

En consonancia con la normativa comunitaria, el real decreto modifica la Ley de Aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas para que estas pasen del 10 al 20 % del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.

Así, el objetivo es pasar de los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027, lo que implicará un incremento del 150 %.

Según el Ejecutivo, las medidas contempladas en el real decreto ley suponen una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos, de los que 1.400 millones serán aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica.