El Tribunal Supremo ha anulado un paquete de ayudas directas por valor de 1,35 millones que fueron concedidas mediante Real Decreto a finales de 2022 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA dentro del programa Kit Digital.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efeagro, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por otra organización agraria, Unión de Uniones, y considera la eventual vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho de asociación en el momento del otorgamiento de dichas subvenciones.

En concreto, el Alto Tribunal desliza que esa vulneración es "imputable a la inactividad de los sucesivos Gobiernos en desarrollar (...) el nuevo sistema para la determinación de la representatividad" que recogía una ley en 2014.

La sentencia asegura que la celebración de esas elecciones al campo hubiese permitido "constatar qué organizaciones alcanzan el porcentaje mínimo exigido para ser consideradas más representativas", lo cual es "determinante" a la hora de recibir ayudas y subvenciones.

El Supremo cree que para cuando se concedieron las ayudas directas a finales de 2022 se había superado "con creces el momento temporal" para haber celebrado dichas elecciones a nivel estatal que determinasen la representatividad agraria, según los plazos recogidos en la norma de 2014.

Para el tribunal "carece de justificación mantener un 'status quo' de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias ya caducado".

Además, ve "incompatible con los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación (...) beneficiar a aquellas organizaciones profesionales agrarias que obtuvieron su reconocimiento" al amparo de "una normativa derogada (Ley 10/2009, de 20 de octubre)".

Por todo ello, el Supremo admite el recurso de Unión de Uniones y anula las partes del Real Decreto 1024/2022, de 13 de diciembre, en las que se nombra a Asaja, COAG y UPA como entidades beneficiarias y en las que se detalla que cada una recibirá 450.000 euros.

Contra esta sentencia no cabe recurso, según recoge la resolución.

En un comunicado, Unión de Uniones considera que los argumentos de la sentencia suponen un "reconocimiento explícito" de la vulneración "continuada" por parte de los "sucesivos Gobiernos de los derechos fundamentales de libertad de asociación y no discriminación de los agricultores, ganaderos y silvicultores profesionales españoles y de los que específicamente representa".

Cree que los agricultores a los que representan han sufrido una "exclusión flagrante" en estos años.

No obstante, Unión de Uniones ha recordado que desde el 27 de mayo de 2025 "se superó la discriminación de los últimos 14 años al reconocer la mayor representatividad" con la que cuentan y que les hace ya ser integrantes del Consejo Agrario junto a Asaja, COAG y UPA".