Los ministros de Pesca han llegado hoy un acuerdo sobre las normas aplicables a la flota europea que opera fuera de sus aguas. El objetivo es garantizar la sostenibilidad e igualar las exigencias a las que rigen en los caladeros comunitarios.
El objetivo es cerrar los vacíos legales en el reglamento que rige las operaciones de la flota de pesca de larga distancia de la Unión Europea (UE).
Entre las mayores novedades de la normativa, pactada por los ministros en Luxemburgo, figura la creación de un registro público de transparencia sobre las actividades de la flota fuera de las aguas de la UE.
“El texto aumenta la transparencia de las actividades pesqueras en el exterior, y hará más difícil evitar las reglas de la Política Pesquera Común (PPC), limitando a la vez las cargas administrativas”, según el titular holandés de Pesca, Martijn van Dam, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE este semestre.
Entre las mayores novedades figura la creación de un registro público de transparencia sobre las actividades de la flota fuera de las aguas de la UE.
La propuesta prevé una revisión del régimen de autorizaciones para los barcos pesqueros de la Unión que faenen en aguas fuera de la UE y para los buques de terceros países que pescan dentro de las aguas europeas.
El principal objetivo es asegurarse de que los principios básicos de la PPC, como la sostenibilidad o la lucha contra la pesca ilegal, son respetados por los buques europeos, también cuando operan fuera de las aguas de la Unión.

La propuesta exige por primera vez que los buques se incluyan en una base de datos o registro público. El texto debe ser examinado aún por el Parlamento Europeo
La organización Oceana lamentó “la oposición de los ministros a que la Comisión Europea (CE) pueda retirar autorizaciones en los casos en que los Estados Miembros no controlen adecuadamente su flota” y al requisito de que solo los buques con un historial limpio puedan solicitar una licencia para pescar en aguas extracomunitarias. Valoró, no obstante, que ayudará a combatir el “reabanderamiento abusivo”, que ocurre cuando un buque se matricula en un país tercero para eludir leyes o medidas de conservación y gestión.