El Día de la Lucha contra la Pesca Ilegal, que cada 5 de junio realza la necesidad de erradicar sus caras más oscuras y delictivas, se celebra este año a las puertas de unas elecciones europeas, ante las que la flota española ha situado ese problema como uno de sus principales desafíos.
La ONU recuerda cada año que la pesca ilegal es una de las mayores amenazas para los ecosistemas y que acarrea otros delitos como los fiscales, el blanqueo de dinero y las condiciones abusivas laborales a bordo que, según han denunciado ONG y el propio sector español, llegan a la esclavitud en el caso de alguna flotas.
Las cifras
En cifras globales, según la ONU, la pesca ilegal mundial representa 26 millones de toneladas anuales y más de 21.000 millones de euros y afecta a las poblaciones costeras de las zonas más vulnerables.
Entre las medidas globales para combatirla, destaca el llamado Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que España ha empezado a aplicar y que, pese a que se alcanzó en 2007 solo lo han ratificado 21 países, 160 no lo han hecho; acredita que se respetan las condiciones laborales a bordo.
El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha explicado a Efeagro que la lucha contra la entrada de productos de la pesca ilegal es una de las prioridades del sector remitidas a los partidos que concurren a las elecciones a la Eurocámara del próximo domingo.
«La UE debe cerrar las fronteras a todo producto que no reúna los estándares comunitarios y avanzar, porque cuenta con un reglamento sobre el papel bastante potente, pero si no se aplica a un país como China, esa normativa tiene un agujero grande o lo tiene su aplicación», según Garat.
China, primera potencia pesquera mundial, es el foco de las denuncias de la flota española, que esgrimen que este y otros países asiáticos compiten deslealmente por faenar incumpliendo las normas laborales y con maltrato a los tripulantes.
Por ejemplo, Garat -que también preside la patronal pesquera Europêche- ha apuntado que la Comisión Europea (CE) no se atreve a utilizar el sistema de «tarjetas amarillas» o rojas a China, en referencia al régimen por el que el Ejecutivo de la UE penaliza a países sospechosos de pesca ilegal y que considera que la combaten.
También se refiere al Convenio 188 y apunta que el hecho de que queden muchos países por ratificarlo prueba precisamente que no se estén respetando los estándares sociales en la flota.
Datos alarmantes
Entre los informes sobre pesca ilegal, destaca el de la organización Environmental Justice Foundation que revela «alarmantes condiciones de trabajo en el sector pesquero de las flotas asiáticas».
Según el sondeo de esta organización, el cien por cien de los pescadores entrevistados reporta condiciones abusivas, el 96 % horas extraordinarias excesivas y el 55 % sufre violencia física.
Entre 2017 y 2023, se registraron cuatro muertes a bordo de palangreros atuneros chinos y, además, el informe señala que el 73 % de los barcos sospechosos de abusos a las tripulaciones introducen sus productos en el mercado comunitario.
Por su parte, la organización ambientalista Oceana ha reclamado a los países comunitarios exijan un registro de la propiedad y gestión de buques pesqueros extranjeros para evitar que los ciudadanos de la UE puedan beneficiarse de las actividades de pesca ilícita.
También ha demandado más «trazabilidad y transparencia» en los productos del mar que llegan al consumidor, sobre todo las sardinas o las latas de atún, ya que la UE no exige información «crucial» como la especie, el origen el arte de pesca o el método de producción, ni tampoco a los restaurantes o servicios de catering.
Una petición que también han defendido desde la flota atunera española, que hace gala de sellos como el de Atún de Pesca Responsable (también socialmente y con los derechos de los trabajadores).
