El sistema de derechos de plantación de viñedo que ha regido el cultivo en la Unión Europea (UE) hasta ahora pasará a la historia el 31 de diciembre. El 1 enero de 2016 entra en vigor un nuevo modelo de autorizaciones, que estará vigente hasta el año 2030. Pero, ¿sufrirá el agricultor una pérdida patrimonial? ¿el nuevo modelo encubrirá un crecimiento desmesurado del cultivo en determinadas zonas? ¿se abren riesgos para el balance vitivinícola, la producción de vino o los precios de la uva?

Con la llegada del nuevo año, el titular deberá contar con una autorización administrativa para poder plantar -que ya no será transferible como ocurría con los derechos- y con una validez máxima de tres años desde el momento de su concesión.

El potencial productivo de viñedo en España se sitúa en 1.026.747 hectáreas, cantidad que suma la superficie actual de 958.697 hectáreas y otras 68.051 pendientes de ejecución

Pero, ¿cómo funciona el nuevo sistema? Para poder obtener una autorización para plantar viñedo la norma comunitaria establece tres vías: por arranque de un viñedo, por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015 o bien a partir de un cupo que se pondrá a disposición anualmente y que será como máximo del 1 % de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior ("cláusula de salvaguarda").

Podrán establecerse normas para la limitación de replantaciones o de nuevas plantaciones en DOPs e IGPs, o en otras zonas en función de las recomendaciones de las organizaciones profesionales.

A los viticultores no les gusta el nuevo sistema introducido en la OCM del vino, pero al menos valoran que la UE no ha optado por la liberalización, que tantos problemas ha provocado en el lácteo.

La FEV

El secretario general de la patronal de las bodegas FEV, Pau Roca, cree que, con la cláusula de salvaguarda, el crecimiento del viñedo europeo no sería suficiente para responder a las necesidades de vino del mercado mundial.

Para España, opina, "no está mal" este porcentaje, aunque la situación del viñedo no es la misma, ya que "hay lugares donde sobre vino y otros donde falta". Además, "a lo mejor ni siquiera es necesario" aplicar el alza del 1 % en nuestro país, ya que hay capacidad de crecer en extensión con las miles hectáreas que hay "en cartera" (pendientes de plantar).

Entre sus dudas, Roca se pregunta cómo se van a controlar las nuevas plantaciones de viñedos calificados en las Denominaciones."Lo mejor sería delimitar, como ocurre en Borgoña, parcela por parcela lo que es apto y lo que no" para producir vinos con DO.

CECRV

Según la Conferencia que reúne a los Consejos Reguladores, la Cecrv, "el espíritu" del nuevo sistema de autorizaciones es positivo porque busca que la oferta se ajuste a la demanda y evitar una sobreproducción o devaluación significativa de una DOP o de una IGP.

Sin embargo, debería haber pormenorizado, a su juicio, el porcentaje de crecimiento anual por zonas de producción.

"Faltan también disposiciones o garantías para evitar riesgos de crecimiento encubierto de plantaciones en determinadas zonas, vía replantaciones", ya que la norma especifica que se podrá replantar dentro de la misma explotación en la que se produjo el arranque pero el concepto de explotación "es muy amplio", plantea la Cecrv.

¿El riesgo? "Podrían arrancarse y replantarse viñas dentro de una misma explotación, pero en diferentes zonas de producción", indica.

DOCa Rioja

En cuanto a las Denominaciones de Origen, a nivel particular, pocos Consejos Reguladores se han pronunciado sobre posibles limitaciones para el primer año del nuevo sistema.

La DOCa Rioja es de las pocas que ha informado sobre su estrategia: propone un incremento de 387 hectáreas, un 0,6 % sobre las 64.526 hectáreas actuales, para cada uno de los tres años en que se ha centrado la planificación -2016, 2017 y 2018-, sin perjuicio de una eventual revisión de lo planteado para estos dos últimos ejercicios, en función de las ventas.

Cooperativas Agro-alimentarias

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, defiende que el incremento de autorizaciones administrativas para plantar viñedos en España durante 2016 -al margen de lo que las Denominaciones de Origen puedan defender en sus zonas de influencia- se limite a un máximo del 0,25 % para evitar desequilibrios.

La Conferencia de Consejos Reguladores advierte de riesgos de crecimiento encubierto de plantaciones en determinadas zonas

"Entendemos que hay una nueva situación, pero también un volumen importante de potencial vitícola, es decir, de derechos que están en poder de los viticultores y que todavía no se han ejercido", por lo que "nosotros seríamos partidarios de ser muy prudentes en este primer año de aplicación" a la hora de autorizar nuevos viñedos.

Asaja

"Hay que adaptarse, no queda más remedio", explica el responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, quien recuerda que, con el viejo sistema, algunos profesionales aprovechaban para vender derechos para afrontar una jubilación más cómoda; esto ya no será posible desde enero.

COAG

El responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno, explica que, a corto plazo, un eventual aumento del 1 % de las plantaciones no tendría impacto en el mercado, pero sí podrían llegar tensiones en caso de que haya sucesivos incrementos cada año; más aún si coinciden con momentos de altas cosechas.

UPA

Por su parte, fuentes de UPA -organización que también criticó en su momento que suponía "una pérdida patrimonial importante para los agricultores"-, piden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que impida la autorización de nuevas plantaciones durante los próximos dos años.

"El peligro del exceso de oferta es ya notable y, a pesar de que hemos ido salvando las campañas gracias a la exportación, ésta se ha realizado a costa del hundimiento de los precios del vino y, por consiguiente, de las uvas y de los viticultores, cuya rentabilidad ha descendido notablemente en los últimos años", aseguran desde UPA.