Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alertado del impacto para los productores de los altos precios de la energía, que han encarecido en particular los fertilizantes, y han abogado por medidas a nivel europeo para ayudar a paliar esas alzas.
El asunto se trató durante un debate sobre la situación de los mercados agrícolas, en el marco de un Consejo de ministros de Agricultura.
Muchos de los países han alertado de que el incremento de los precios de la energía ha disparado los costes agrícolas, ha explicado al término en rueda de prensa el ministro de Agricultura de Eslovenia, Joze Podgorsek, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido en particular a Bruselas la activación del artículo 219 de la Organización Común de los Mercados Agrarios, como ya se hizo en 2015, para permitir “apoyos puntuales a los productores necesitados”.
“Algunos estados miembros, apoyados por Francia, vamos a trabajar en soluciones a nivel de la UE”, ha dicho hoy por su parte, el titular francés, Julien Denormandie.

La ministra portuguesa, Maria do Céu Antunes, ha indicado también que hacen falta medidas para atenuar esas alteraciones y dar flexibilidad a los productores para que puedan contener la escalada de precios de los productos y la escasez de productos alimentarios.
La posibilidad de que en el futuro la situación derive en un encarecimiento de los alimentos, unida a los altos precios de la electricidad, crearía una situación “muy delicada”, ha admitido un funcionario de la Comisión Europea durante el Consejo, al que no pudo asistir el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, indicaron fuentes comunitarias.
Aunque la CE “comparte esas preocupaciones”, asegura que de momento no ha habido un aumento importante en los precios al consumidor, por lo que tiene previsto mantenerse “vigilante”, ya que cree que el próximo año se volverá a unos precios más moderados, como proyectan el Banco Central Europeo y otras instituciones.
Porcino
El Consejo ha abordado asimismo la petición de 14 países (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia) de medidas excepcionales de apoyo al sector porcino.
Los precios de las carcasas de cerdo, según Bruselas, están a su nivel más bajo en una década por una serie de motivos que incluyen la alta producción, las distorsiones en las exportaciones, los precios de los piensos y la energía, los brotes de peste porcina y los efectos negativos de la pandemia de Covid-19.
El ministro francés ha reclamado “medidas coyunturales y estructurales” en ese ámbito.
El representante de la CE en la reunión indicó sin embargo que pese a que Bruselas comparte la preocupación por esa situación, cree que hay que seguir haciendo uso del apoyo que permiten los programas de desarrollo rural y las ayudas de estado.
La CE duda que sea necesaria una intervención a nivel de la UE y no quiere crear falsas expectativas que hagan pensar que las medidas de mercado son la solución a los problemas del sector.
Pesca
La Comisión Europea ha informado a los ministros de las negociaciones con el Reino Unido, con vistas al reparto de cuotas de especies compartidas con ese país para 2022.
España dejó claras sus prioridades, en particular la petición de que la reducción del Total Admisible de Capturas (TAC) de merluza norte no sea superior al 20 %, dijo Planas en declaraciones a la prensa.
Para el resto de especies de interés para la flota española, como gallos y rapes, España pidió que se apliquen las subidas de TAC que figuran en las recomendaciones científicas, al encontrarse en una buena situación biológica.
El ministro ha insistido, por otra parte, en que se mantengan los TAC del año pasado en el caso del bacalao del oeste de Escocia y del mar Céltico, para evitar el efecto de estrangulamiento (que se produciría si ese barco rebasa el cupo de merluza y por ello no puede salir a extraer otras especies de las que resta cuota).
También ha pedido que en esta negociación se tengan en cuenta los aspectos relativos a la sostenibilidad social, económica y de empleo de la actividad pesquera, que forman parte de los pilares en los que se asienta la Política Pesquera Común.