Las fechas de caducidad y de consumo preferente indican la vida útil de un alimento, pero cada una implica unos tiempos de consumo muy diferentes y son claves para evitar el desperdicio alimentario, y por ello desde el sector plantean la necesidad de un consumidor más informado.
Saber interpretarlas es necesario, además de para hacer un consumo seguro, para combatir que se desechen alimentos, que en 2019 fue de 1.352 millones de kilos en los hogares, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que trabajar para aprobar una ley contra el desperdicio alimentario.
Además, de acuerdo a un estudio difundido en 2019 durante un foro organizado por las asociaciones de consumidores CECU, FUCI, UNAE y Cauce, un 25 % de los consumidores declaraba no saber diferenciar entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente.
El responsable del Departamento de Derecho Alimentario del centro tecnológico Ainia, José María Ferrer, explica a Efeagro que mientras el consumo preferente indica la vida útil de un producto para que se pueda consumir en “condiciones óptimas”, sin apenas riesgo para la salud si se supera dicha fecha, la caducidad sí que regula productos “muy perecederos”.
En el caso del consumo preferente, pueden perder características organolépticas, como el sabor o la textura, y suponen un riesgo “mínimo” para la salud.
Sin embargo, si se supera la fecha de caducidad, “entramos en una situación en la que el riesgo para una persona que lo consuma sí que va a ser mucho más elevado”.
La caducidad, añade Ferrer, engloba productos “microbiológicamente muy perecederos”, generalmente de origen animal, que se pueden estropear “en cuestión de días si no están a una determinada temperatura”.
Aunque, como recuerda, estos productos cuentan en muchas ocasiones con la presencia de aditivos alimentarios, que permiten una vida más larga a la que tenían hace un siglo.
“Lo que es importante es que los consumidores podamos ver la diferencia o dónde está el riesgo más allá de su fecha, ya sea la de consumo preferente o la de caducidad”, apunta, tras avanzar que la Comisión Europea está pendiente de revisar la legislación europea que regula este tema para plantear posibles mejoras.
Es necesario un consumidor más informado
El responsable del proyecto contra el desperdicio de alimentos de la Asociación Española de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), David Esteller, advierte “un desconocimiento por parte de la población de qué significa” cada término.
“Muchas veces, aunque en los puntos de venta dan esta información, estás focalizado en lo que necesitas en ese momento y no te paras a leer las instrucciones”, señala, por lo que serían los consumidores los que deberían pararse a mirar la información del etiquetado antes de comprar y consumir un producto.
Sobre el hecho de que en muchas ocasiones la fecha de consumo preferente no está justo debajo del mensaje “consumir preferentemente antes de”, no considera que pueda ser un problema.
“El problema no es el marcado porque siempre está. El problema viene por el desconocimiento del consumidor sobre qué es consumo preferente o fecha de caducidad”, asegura.
Y recomienda que lo mejor “es tener la compra muy al día”, siendo regular en la adquisición de alimentos para organizar las comidas de los próximos dos o tres días, y no de cara a dos semanas, e insiste en que también se pueden congelar muchos productos para alargar su vida útil.
Congelar ¿sí o no?
Sobre este tema, Laura Otero García, investigadora del ICTAN-CSIC, experta en nuevas tecnologías de congelación, recuerda que “congelar, lo que se dice congelar, puedes congelarlo todo, pero hay cosas que van a quedar mejor y otras peor”.
Sin embargo, plantea comprar productos ultracongelados si se prevé congelarlos una vez se llegue a casa, ya que las empresas tienen procesos más eficientes, y recuerda que el verdadero riesgo no está al congelarlos, sino al descongelarlos, que tiene que ser en la nevera y no en la encimera, como es común entre los usuarios.
E insiste en que, una vez descongelado, no se puede congelar de nuevo, ya que ese proceso sí que puede suponer un riesgo para la seguridad alimentaria por el desarrollo de bacterias.
