La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera “por unanimidad, que la readmisión de los trabajadores afectados por el ERE en la planta de Fuenlabrada (Madrid) de Coca – Cola Iberian Partners fue “regular”.

En el auto de la AN considera que la embotelladora mantiene milimétricamente las categorías profesionales, los salarios y horarios que tenían los trabajadores antes de que la fábrica se convirtiera en centro logístico”.

La AN ha dado respuesta así a la parte recurrente – los sindicatos CC OO y UGT- , que pretenden que los trabajadores sean admitidos en sus centros de trabajo de Asturias, Palma de Mallorca y Alicante, así como la reposición de la actividad productiva en Fuenlabrada.

La Sala ha recordado que la ejecución de la sentencia de junio pasado “no puede abstraerse de la realidad empresarial existente, así como de la conducta de la empresa condenada”.

Los magistrados han subrayado la clara disposición para la pacificación del conflicto de Coca-Cola en un “proceso que ha cumplido escrupulosamente la ejecución provisional de la sentencia que permitió a la Sala concluir con éxito un proceso ejecutivo complejo y extremadamente laborioso”.
En el caso de Fuenlabrada, la Sala ha resaltado que “contra todo pronóstico y en contradicción con su nuevo modelo organizativo”, Coca-Cola decidió reabrir el centro, si bien como centro logístico y no como fábrica en “una manifiesta voluntad de concluir pacíficamente el conflicto”.

Coca-Cola Iberian Partners ha dado por “finalizado definitivamente el ERE”, después de conocer este auto dictado por Audiencia Nacional .

Fuentes de empresa han declarado a Efeagro que “están satisfechas” ya que la AN ha reconocido “la buena fe de la compañía a la hora de resolver el conflicto”.

El fallo judicial afecta a 272 trabajadores incluidos en el ERE -que implicaba a 840-, de los cuales “214 son empleados del centro de Fuenlabrada que recurrieron la readmisión y llevan 20 meses de inactividad”, según la multinacional.

“La AN reconoce la imposibilidad de readmisión, y su consiguiente rescisión laboral”, para el grupo de 27 empleados a los que la compañía “ofreció un puesto de trabajo con las mismas funciones pero en otro centro de trabajo distinto al inicial, que ya no existe“, ha insistido.

Con esta resolución, -ha precisado- “la embotelladora inicia una nueva etapa” para lo que comenzará la reorganización la semana que viene.

En estos momentos, la compañía, que se encuentra en un proceso de fusión con otras dos embotelladoras europeas, ha firmado 298 prejubilaciones y 223 bajas voluntarias.

Quedaban por incorporar los 272 trabajadores que estaban pendientes de esta resolución de la AN, ha detallado la empresa, de los cuales solo resta que vuelvan al trabajo 214, todos ellos del centro de Fuenlabrada.

CCOO discrepa del auto de la Audiencia Nacional (AN) dado a conocer hoy y que avala la readmisión de los trabajadores de Coca-Cola Iberian Partners en Fuenlabrada (Madrid), porque considera que “la conducta de la empresa es contraria a su deber de buena fe durante la negociación del ERE”.

En un comunicado, el sindicato CCOO considera que la embotelladora “incurrió en la lesión del derecho de huelga por prácticas de sustitución y que las decisiones de cierre de centro y despidos son también totalmente ilícitas e incompatibles con el deber de buena fe”.

Asimismo, CCOO plantea que la decisión de la empresa -al suprimir la producción industrial que se venía desarrollando en Fuenlabrada- supone “una modificación sustancial de condiciones de trabajo, lo que implica que la readmisión no es regular”.

“El cumplimiento de las sentencias necesariamente debe hacerse en sus propios términos y no como la empresa decida”, ha añadido.

Por estas razones, el sindicato pondrá un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo, “porque modifica el contenido del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo el pasado.

Una vez que la AN se ha pronunciado, Coca-Cola Iberian Partner “solo desea que el centro de Fuenlabrada vuelva a la normalidad y que sus trabajadores se reincorporen siguiendo el cumplimiento de la sentencia”.

Se refiere al campamento que, desde hace año y medio protesta, en las puertas del centro de Fuenlabrada “impidiendo el acceso normal al centro” y que, según la compañía, ha costado ya más de ocho millones de euros, “sólo en productos caducados”.” Para el correcto funcionamiento del centro y para garantizar que las reincorporaciones pendientes avaladas por el tribunal puedan entrar a trabajar, la empresa necesita libre acceso a sus propias instalaciones en todo momento”, ha añadido Coca-Cola en una nota.

Coca-Cola Iberian Partners ha iniciado las acciones legales oportunas para la legítima defensa de sus intereses, recuperar su propiedad y el acceso libre a la fábrica”, sentencia.