El MAPA, a través de un comunicado, ha indicado que esta normativa será "fundamental" para "el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la Política Agraria Común (PAC)".

Ha explicado que la futura ley incluirá un conjunto amplio de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar el modelo familiar en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relevo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria.

También, que "modificará otras normas" relacionadas con el sector como, por ejemplo, las relativas a "titularidad compartida" o a las "mejoras en el sistema de arrendamientos rústicos", con el fin de lograr un desarrollo completo de este tipo de iniciativas desde diversas perspectivas y hará frente al reto del relevo generacional.

Según el censo agrario de 2020, el 41 % de los jefes de explotación son mayores de 65 años, han apuntado desde el ministerio.

El MAPA ha precisado que el nuevo marco legal actualizará la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, "que supuso un hito muy destacado en su momento para modernizar el sector agrario".

Ha recordado que tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Naciones Unidas se han mostrado a favor del modelo de agricultura familiar por ser facilitador de la sostenibilidad social y económica del entorno.

El nuevo texto legal abordará también la innovación, la digitalización y los nuevos conocimientos y técnicas disponibles en las explotaciones familiares, que al ser de menor tamaño y capacidad financiera, tienen más dificultades para acometer inversiones en dichas áreas.