Así lo han revelado a Efeagro fuentes jurídicas tras las declaraciones este miércoles del exdirector financiero Antonio Arnanz -en calidad de investigado- y de la que fuera responsable de Gestión de Riesgos y Auditoría Interna Isabel Fernández de Córdoba -en su caso, como testigo-.

Arnanz ha apuntado que se hacían desaparecer de forma temporal facturas a través de la introducción del código "9999.1" en el sistema utilizado para la gestión de inventarios (AS400), de forma que no llegaran a ser registradas en la contabilidad general (a través del llamado SAP).

De esta forma, la empresa recibía mercancía y no incluía la factura a pagar en los registros hasta fechas posteriores con el objetivo de no desviarse de las metas marcadas para el ejercicio.

De acuerdo con estas mismas fuentes, Arnanz ha señalado directamente a Currás como la persona que decidía (de forma arbitraria) el importe exacto a retrasar.

Durante su intervención, el exdirector financiero de DIA ha asegurado que transmitió sus dudas sobre este mecanismo a su superior, Amando Sánchez Falcón (número dos de Currás), aunque al mismo tiempo ha restado importancia a estas prácticas debido a que se trataba de un desplazamiento temporal de las citadas facturas.

Arnanz y Fernández de Córdoba también han explicado que KPMG requirió a DIA que estableciera un criterio contable para llevar a cabo la regularización de entradas sin factura, una cuestión clave a la hora de evaluar si el comportamiento del auditor fue el adecuado en este caso y que ya aparecía en el informe forense elaborado por EY.

No obstante, EY concluyó en su investigación que las irregularidades fueron ocultadas tanto al consejo de administración como al auditor, y eran producto de "instrucciones que emanaban de la más alta dirección", lo que permitió eludir el sistema de control interno.