Ha sido a través de un comunicado conjunto que se ha difundido al conocer la propuesta de la CE a lanzada ayer de dar a los Estados Miembro la opción de vetar en su territorio los alimentos y piensos modificados genéticamente – los transgénicos – que hayan sido autorizados a nivel comunitario. Entre los firmantes del comunicado, organizaciones del sector avícola, vacuno, porcino, huevos, leche, de cultivos marinos, industrias cárnicas, producción de piensos, comercialización de cereales y aplicaciones tecnológicas en la agricultura.

Así, han coincidido en esta valoración Asoprovac, Accoe, Aecec, Anove, Anprogapor, Asaja, Asebio, Aseprhu, Anafric, Apromar, Cesfac, Cooperativas Agro-alimentarias, UPA, Propollo, Probio, Agpme, Fundación Antama y Unistock. A su juicio, la CE provocaría “graves consecuencias para el sector agroalimentario”. Además, han señalado que la seguridad de los OGMs “ha sido avalada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), siendo consumidos con normalidad en países terceros que exportan sus producciones a la UE”.

Las citadas organizaciones han defendido que “es un derecho de los operadores europeos de alimentos y piensos, así como del sector ganadero, la libertad de elección a la hora de decidir los ingredientes, siempre y cuando éstos hayan sido evaluados como seguros por los órganos competentes”.

La soja y el maíz transgénicos

Han recordado que la producción interna de soja (fuente principal de proteína para alimentación animal) de la UE “cubre sólo el 7 % de la demanda” y que la importación española de soja modificada genéticamente entre 2000 y 2014 supuso, en base a sus cifras, “un ahorro de casi 55.000 millones de euros”. Por lo que, según sus cálculos, “si se produjera el bloqueo a la soja modificada genéticamente sería inviable su sustitución por la convencional debido a la falta de disponibilidad de esta materia prima para la industria de fabricación de piensos” y se “produciría un aumento en los precios de las habas de soja y harina de soja del 291% y el 301%, respectivamente”.

En el caso del maíz, también básico para la alimentación del ganado, su “importación media anual se acerca a los 6 millones de toneladas, muchas de ellas procedentes de países que cultivan maíz modificado genéticamente”. Han planteado que “la nacionalización de la restricción o prohibición de uso de OMGs frena directamente el crecimiento, la innovación, la inversión y la competitividad, a la vez que dinamita la confianza del consumidor en el sistema europeo” y “supone una grave distorsión de la competencia para todos los agentes de la cadena agraria y alimentaria”.  Las entidades firmantes piden que “se haga cumplir la legislación vigente y que todos los productos que cumplan con los requisitos de evaluación de riesgos con base científica sean autorizados sin retrasos injustificados.