El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts incluirá una ampliación del plazo para la digitalización de los procesos de facturación de las empresas en materia fiscal.

Fuentes de Hacienda han precisado que esta ampliación será de un año, lo que implica que en nuevo sistema Verifactu no será obligatorio para profesionales y empresas hasta el 1 de enero de 2027 si tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.

El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.

Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación -salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra-, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.

La entrada en vigor de estas nuevas obligaciones estaba prevista para el 1 de enero del próximo año para quienes tributan en el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero ahora se retrasa un año.

Sánchez también ha anunciado que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que son aquellas que no computan para la regla de gasto.

De esta manera, los ayuntamientos tendrán más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua, sin incumplir con sus obligaciones fiscales.

Tiempo para adaptarse

Por su parte las patronales Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca han pedido aplazar "dos años" la entrada en vigor del control electrónico fiscal VeriFactu, pues la implantación de este sistema "puede poner en riego la viabilidad de miles de establecimientos" en un sector "formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados".

Asi lo han expuesto en un comunicado conjunto, en el que han explicado que "no se trata de rechazar la norma ni sus objetivos, sino de reclamar un plazo razonable que permita a nuestros establecimientos adaptarse sin riesgo para su viabilidad económica".