El responsable de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), también secretario de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ha comparecido ante la Comisión de Industria y
Turismo de la Cámara alta con motivo del proyecto de ley de industria y autonomía estratégica, pendiente de tramitación parlamentaria.
En su alocución, García de Quevedo ha asegurado que las prioridades en España están centradas en la financiación de la industria, en lograr una energía competitiva, en reforzar la exportación del sector y en invertir en tecnología e innovación.
Ha destacado que los fondos europeos representan una «gran oportunidad» para el fortalecimiento de la industria, que también es una «cuestión de soberanía y resiliencia».
Además de incrementar su autonomía estratégica, se trata de construir un modelo sostenible y digitalizado, según el responsable de FIAB.
En su opinión, el nuevo proyecto de ley de industria ofrece en líneas generales un marco «positivo», si bien «hace falta completar más las herramientas para materializarlo, con recursos económicos y humanos».
García de Quevedo ha mostrado su preocupación por las distorsiones dentro del mercado único europeo y ha pedido evitar una carrera de subsidios que penalicen a la industria española.
El portavoz de la alianza, Carlos Reinoso, ha insistido en que «sin financiación no hay reindustrialización» y ha vaticinado un futuro «descarbonizado, digitalizado y bajo un modelo de economía circular» que pasa por las inversiones.
Sobre las últimas tensiones comerciales tras la imposición de aranceles del nuevo gobierno estadounidense de Donald Trump a Canadá, México y China, Reinoso ha afirmado que los productos que no se exporten de Canadá y China a EEUU entrarán en Europa.
«EEUU y China están haciendo apuestas masivas por sus industrias que están distorsionando los entornos de competitividad en los que venían trabajando las industrias en entornos globales», ha sostenido el portavoz.
Reinoso ha criticado los altos costes energéticos, la excesiva regulación y la paralización de trámites administrativos en la Unión Europea.
