El paro ha sido convocado por los sindicatos ELA y CCOO, durará 24 horas y afecta a 165 inspectores pesqueros, que en su mayoría secundaron en marzo de 2023 la primera huelga general en décadas de este colectivo de trabajadores públicos, en rechazo a la instrucción de horarios laborales del Gobierno.

El objetivo es reivindicar una mejor regulación, para que su trabajo se adapte a la realidad de la flota y que "se le reconozca y compense su responsabilidad", según ha declarado este viernes a Efeagro la presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores Pesqueros (Apipes), Ludi Rueda.

El martes, está previsto que los inspectores paren en los puertos, así como una manifestación en Madrid, que comenzará en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (frente a la Estación de Atocha), marchará hacia el de Política Territorial y terminará frente la Secretaría General de Pesca.

La presidenta de Apipes ha señalado que la situación de estos profesionales, durante el año transcurrido tras la primera huelga "no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado".

Si no reciben respuestas satisfactorias, "se convocarán huelgas de tres días o de una semana", ha añadido, tras una reunión con la Administración celebrada este viernes.

No se han fijado servicios mínimos para el martes, según Rueda.

Según Apipes, la regulación de horarios -que está recurrida porque los inspectores consideran que incumple la norma comunitaria sobre la contabilidad de las horas de sus jornadas laborales-, es "ineficaz" y no reconoce la realidad de una flota "que faena 24 horas al día".

Apipes ha señalado que la solución propuesta por parte de la Administración para cubrir esa flexibilidad horaria es una retribución de la disponibilidad de 0,74 euros brutos por hora, que la mayoría de los inspectores "no han aceptado".

Han argumentado que esos horarios especiales implican trabajar a cualquier hora del día y de la semana y que desde 2020 la remuneración haya bajado un 57,5 % para los que dependen de Política Territorial (de la delegaciones del Gobierno) y un 78 % para los que dependen de Agricultura.

"Estamos cansados de que la Administración abuse de nosotros y de nuestra buena voluntad", según la convocatoria.

Problemas de seguridad

Los inspectores se han quejado de la "desidia" en la gestión de los riesgos laborales que corren, de la falta de formación y de problemas para disfrutar de sus descansos.

La presidenta de Apipes ha añadido que esta circunstancia provoca que haya profesionales que dejen la inspección y que no se quieran cubrir las plazas.

"Tenemos carencias en la prevención de riesgos y problemas para conseguir equipos de protección individual (EPI), no estamos en un medio seguro y estamos expuestos a accidentes graves; cualquier civil que se embarca hace un curso de prevención....todos menos nosotros; nos tienen muy dejados", según Rueda.

La inspección afecta al control de las actividades pesqueras; hay flotas como la del atún rojo cuya temporada engorde se puede ver bloqueada si el trabajo inspector no se aplica con diligencia.

"El control de las campañas sigue siendo deficiente ya que la mayoría del colectivo continúa trabajando con programaciones mensuales cerradas, lo que conlleva el incumplimiento de compromisos adquiridos con la Unión Europea (...). Tarde o temprano esto acabará pasando factura", según el manifiesto.