La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE) respaldó el pasado martes, 11 de noviembre, permitir a los países prohibir el cultivo de transgénicos u organismos modificados genéticamente (OMGs) en su territorio, también por motivos medioambientales, aunque su producción y su comercialización estén aprobadas a nivel europeo.
Los parlamentarios europeos mostraron otra vez que defienden una postura más restrictiva que los países de la Unión Europea (UE) y la Comisión Europea (CE) sobre la polémica reforma de la legislación comunitaria sobre organismos genéticamente modificados (OGM), pendiente desde 2010.
Un gran número de Estados miembros, como Francia, Austria o Hungría, actualmente cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que sin embargo están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
La Comisión presentó esta propuesta precisamente para solucionar ese vacío legal y regular los modos en que los países pueden prohibir los transgénicos, que es lo que ahora se negocia.
En España, la Fundación Antama, en la que participan las empresas biotecnológicas, cree negativo que la Unión Europea (UE) permita a cada Estado decidir si en su
territorio se permite producir cultivos con OMGs.
A su juicio, con esta nueva normativa “se va a permitir a los Estados miembro rechazar formalmente una tecnología por razones no científicas, algo que establece un precedente peligroso y envía una señal negativa para la industria y el sector agrario europeo”.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), la superficie sembrada de maíz en 2014 de 416.740 hectáreas (-5,2 % respecto a 2013), de las que 131.538 hectáreas (-4 %) corresponden a maíz Bt (OMG).
Estas cifras indican que el porcentaje del maíz modificado genéticamente ya representa el 31,6 % de la superficie total sembrada (31,2 % en 2013), una tendencia al alza que se registra en España desde 1998.
