En la protesta participan marineros, armadores y representantes de Ayuntamientos y algunos gobiernos autonómicos.

La flota considera que las normas de la UE amenazan 17.000 puestos de trabajo y la actividad de 600 barcos, según datos de la patronal de armadores Cepesca. 

Durante el paro, se leerá un manifiesto de rechazo con el fin de solicitar a la Comisión Europea (CE) y al Gobierno español que actúen para impedir “la extinción” de la flota, según los convocantes.

El plan del Mediterráneo reduce los días que los barcos demersales (pesca de fondo) pueden pasar en el mar, con el objetivo de recuperar los caladeros.  En 2020, la flota redujo un 20 % sus días de trabajo, ha recordado Cepesca.

En Baleares, los barcos han quedado amarrados, con seguimiento total en islas como Menorca, donde los pescadores han manifestado que están “al límite”, ya que sus ingresos se han visto afectados también por la covid-19, además de anunciar que seguirán programando concentraciones.

En Cataluña, el Gobierno autonómico ha mostrado su apoyo al paro de pescadores, pues un 70 % de las embarcaciones de arrastre del Mediterráneo son catalanas o de la Comunidad Valenciana.
Por ello, los Ejecutivos de las dos autonomías se han unido para defender un cambio de reglamento y medidas alternativas, como la creación de nuevas reservas marinas o la bajada de capturas de peces de talla pequeña.

El rechazo a la reducción de días de faena se suma al descontento de los pescadores españoles por las nuevas normas de control comunitarias, que plantean medidas como la geolocalización obligatoria de los barcos y que han provocado también paros en otras zonas costeras, como Galicia.

En el caso de Andalucía, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha afirmado que “lo único que pretende la CE protagonizada por este comisario nefasto Sinkevicius es la desaparición de la flota de bajura, y no podemos permitirlo”, tras señalar que están en “límite insostenible, pues hay barcos que no llegan al umbral mínimo de rentabilidad”.

En Andalucía, hay en arrastre 92 embarcaciones con 500 empleos directores y 3.000 indirectos, que ha recibido hoy el apoyo de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien ha insistido en que Europa debe tener “sensibilidad” y estudios científicos actualizados para “poder tomar decisiones sobre la pesca” y no hacer que sea inviable el arrastre. La flota valenciana también ha protagonizado este viernes diversas protestas contra los planes de la Unión Europea, unas movilizaciones que “entienden y comparten” desde la Administración valenciana, que ha reclamado al Gobierno español una reunión de urgencia para abordar la puesta en marcha de un plan de viabilidad destinado a garantizar el futuro del sector.