"Dejé de trabajar desde que empezó la enfermedad en marzo. He vuelto hace dos semanas a ese ritmo aunque con temor porque estoy entre el grupo de alto riesgo por mi diabetes, pero las ventas no son lo mismo que antes de la pandemia", lamenta Sonia, de 49 años, una de los millones de personas en el país que enfrentan un desalojo debido a la pérdida de ingresos por la covid-19.

Sonia pudo pagar su alquiler hasta abril con el reembolso de los impuestos que paga con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), que usan quienes no tienen estatus legal en el país, y ha contado además con la ayuda de una organización de vendedores ambulantes que cada jueves le lleva alimentos.

A su difícil situación se sumó que el padre de sus dos hijos de 16 y 20 años murió de la covid-19 a mediados de abril, con lo que perdió el sustento que recibía para estos.

Todo ello afectó también a su padre en México, a quien habitualmente envía dinero, lamenta esta vendedora ambulante.

Ahora, la madre mexicana dice acumular más de 3.000 dólares en deuda de alquiler del apartamento que ocupa hace 25 años y su casera ya le ha preguntado en varias ocasiones cuándo podrá pagar.

Sonia solicitó la ayuda aprobada a nivel local para el pago de alquiler pese a no tener estatus legal, con base en que sus hijos nacieron en esta ciudad, pero no ha recibido una respuesta.

Diversos estados han aplicado moratorias que impiden temporalmente los desalojos, así como otras ayudas en un intento por evitar que sus residentes se queden en la calle, pero el reclamo es que no es suficiente.

Activistas por los derechos de vivienda presionan por la cancelación de la deuda acumulada durante la pandemia, luego de que millones perdieran sus ingresos. En Nueva York han reclamado a la legislatura estatal que se apruebe la propuesta que se estima llevaría un respiro a más de un millón de personas.

"A veces no duermo y me pregunto qué va a pasar el día que no tenga con qué cubrirme de la lluvia o ahora que está cerca el frío", argumentó la vendedora ambulante.

El temor es compartido por entre 34 y 40 millones de inquilinos en el país mientras que otros ya han enfrentado esa realidad. Las imágenes difundidas la semana pasada de un padre latino en Texas sacado de su hogar por la policía junto a sus dos niños conmovió a muchos, incluso a los propios agentes.

"Uno de cada cuatro inquilinos en Nueva York enfrenta el riesgo de desalojo", comentó a Efeagro Ava Parker, directora de la organización Met Council on Housing, que publicó un estudio basado en las llamadas que recibieron (solo en inglés) en su línea de emergencia para denunciar todo tipo de problemas de vivienda. Recibieron 1.426 llamadas entre marzo y mayo, un alza de 68 % en comparación con el año pasado a la misma fecha, muchos con problemas para pagar su alquiler, comentó.

Pese a la moratoria en el estado, 121 fueron por desalojos, un 22 % de aumento en llamadas sobre ese tema comparado con 2019, y 403 de inquilinos que no podían pagar debido a la covid-19, un alza de 28 % respecto al año anterior.

"La gente tiene miedo, no saben qué esperar", señaló Parker, y agregó que entre 1,4 y 1,6 millones de neoyorquinos no pueden pagar en este momento su alquiler debido a la pandemia.

De no tomarse una acción, advirtió, aumentará el número de los sintecho en Nueva York, una cifra que ya alcanza los 92.000 personas en la ciudad.

Recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una moratoria hasta el 31 de diciembre para los 43 millones de viviendas de alquiler en el país, pero exige varios requisitos, entre ellos mostrar evidencia de que han intentado buscar ayudas del Gobierno para pagar la vivienda.

Parker advierte que "no todo el mundo" se podrá beneficiar, por lo que urgió al estado a cancelar las deuda.

"Estamos tratando de ver cómo esa moratoria impactará a nuestros miembros; tendremos para evaluar cómo vamos a proceder", dijo a Efeagro por su parte la abogada Génesis Miranda, de la organización Se Hace Camino Nueva York.

Indicó que si en un hogar todos son indocumentados no califican para asistencias del Gobierno, "y eso es lo más duro para muchos de nuestros miembros porque no todo hogar tiene una persona que pueda solicitar la asistencia".

Enfatizó que siguen impulsando que la legislatura estatal cancele las deudas para que estos inquilinos "se queden en sus casas".