Las organizaciones agrarias han difundido este lunes

un texto conjunto, en el que solicitan “avances” y una ampliación del ámbito de la Ley de la cadena alimentaria, actualmente en proceso de reforma, y que incluye medidas como la obligatoriedad de contratos.

Han subrayado que ahora es el momento de “consolidar cambios” para mejorar la remuneración de los agricultores y ganaderos, en un artículo de opinión firmado por el presidente de Asaja, Pedro Barato, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, y el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.

La actual reforma de la Ley fue presentada por el Gobierno, tras las movilizaciones multitudinarias de los agricultores españoles en todo el país a principios de 2020, para reivindicar precios justos por sus cosechas o productos.

Las organizaciones agrarias han abogado por “cubrir lagunas” en el actual trámite parlamentario del anteproyecto de ley, que a su vez recoge la nueva directiva comunitaria contra prácticas desleales y establece medidas como recoger los costes de producción en los contratos.

En su opinión, frente a las leyes del mercado es el momento de “cambiar la cultura de la conformación de precios de los productos agroalimentarios”. En el texto, han insistido en la necesidad de prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón, que supone “una pérdida de valor para el conjunto de la cadena” que perjudica al productor.

Registro electrónico de contratos de compraventa

También han solicitado que se cree un registro electrónico de contratos para facilitar el control administrativo por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), “que por otro lado debe ser reforzada en dotación económica y personal”.

La organizaciones han demandado la inclusión del canal de hostelería y restauración, así como de las organizaciones de productores (OP) en el ámbito regulador de la ley, “manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas, correctamente consideradas en la actual redacción” de la normativa, dado su carácter social.

Y que se amplíen las funciones del Observatorio de la Cadena y “establecer un clausulado firme” que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para establecer precios en los contratos de compraventa.

Asaja, Coag y UPA han reclamado, además, que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, “para que se vean afectados por la obligatoriedad de formalizar contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones”, según el texto.