La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha hecho mención a este asunto en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros un día antes de que la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, visite la zona.
Son ya diez días desde la aparición de los primeros peces muertos en las playas marmeronenses y el ambiente está caldeado entre organizaciones ecologistas, vecinos, oposición política, gobierno autonómico, agricultores y pescadores.

La portavoz ha incidido en que la causa sobre el terreno son las “8.000 hectáreas ilegales” de regadío, que generan un “excesivo vertido de nitrato de 4.000 kilos/día”.

Esto ha dado lugar a instruir “800 expedientes” que no ha terminado de ejecutar el Gobierno murciano, según Rodríguez.
Es una “dejación” del “ejercicio de competencias que tiene encomendadas” el Gobierno regional.

La portavoz, que ha calificado de “drama natural” lo ocurrido, ha argumentado que es un problema “importante” que cuenta con la “absoluta sensibilidad” de un Gobierno central “que lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente”.
El Ejecutivo ha desarrollado acciones como “declarar el acuífero en riesgo químico” pero “sin el apoyo del Gobierno murciano”.
Para Rodríguez, no se trata de un conflicto de competencias entre administraciones sino de “dejación de competencias”.
“Una situación de estas características es la consecuencia de muchos años de inacción y permisividad”, ha subrayado.