En medio de las negociaciones entre Londres y Bruselas, el Gobierno del Reino Unido ha anunciado este martes la entrada en vigor de la legislación que terminará el próximo 31 de diciembre con el derecho automático de las flotas de la Unión Europea (UE) a faenar en caladeros británicos.

Se trata de una de las múltiples directivas que el Gobierno está tramitando contrarreloj, antes de que termine el periodo de transición del Brexit, para repatriar poderes que desde hace 40 años dependían de la legislación comunitaria.

López ha declarado a Efeagro que lo que establece esta normativa era algo relativamente esperado y, en definitiva, pone de manifiesto que “si no hay acuerdo, no hay acceso (de los pescadores comunitarios”.

“Nadie duda de lo que puede pasar con un Brexit duro”, si bien de momento todo está negociándose y todo es incierto, según López, vinculado a la patronal española de armadores Cepesca.

Sin embargo, ha considerado que el hecho de que el Reino Unido haga pública ahora una ley específica es “un paso” y “una indicación” de la marcha de las negociaciones en curso entre Londres y Bruselas sobre el Brexit, con la pesca entre los puntos más difíciles.

López ha insistido en que la pesca es un asunto que el Gobierno británico encabezado por Boris Johnson utiliza de forma “emocional” de cara a sus ciudadanos.

La EUFA ha reclamado a la UE que juegue todas sus cartas para mantener el acceso de la flota comunitaria a las aguas del Reino Unido.

Durante la campaña a favor del Brexit en 2016, el ahora primer ministro británico, Boris Johnson, esgrimió que la recuperación del deteriorado sector pesquero del país sería uno de los beneficios de la ruptura con la UE.

Unos 88 barcos de bandera española con alrededor de 2.150 tripulantes tienen actualmente acceso a los caladeros británicos, según Cepesca.

Además, la negociación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) de 2021 para los países de la UE se presenta con incertidumbre, porque la flota comunitaria comparte unas cien pesquerías con el Reino Unido, y la distribución de estas cuotas depende del resultado de las discusiones del Brexit.

Retomar el control de las políticas pesqueras permite al Reino Unido negociar el futuro acceso a sus aguas con la Unión Europea, precisamente uno de los aspectos que ha bloqueado en los últimos meses un acuerdo sobre la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha.

Bruselas quiere mantener un acceso continuo a las aguas británicas y un sistema de cuotas prefijado a largo plazo, mientras que Londres exige negociar anualmente esos arreglos.

A pesar de que la pesca representa tan solo cerca de 0,1 % de la economía británica, este aspecto de la negociación con la UE tiene una especial relevancia política en el Reino Unido.

Durante la campaña a favor del Brexit en 2016, el ahora primer ministro británico, Boris Johnson, esgrimió que la recuperación del deteriorado sector pesquero sería uno de los beneficios de la ruptura con la UE.

En septiembre, el Gobierno británico ya firmó con Noruega, un país miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) pero no de la UE, su primer acuerdo pesquero en 40 años, que entrará en vigor el 1 de enero.