La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha apuntado que el encarecimiento del gas y de la electricidad desde el inicio del conflicto en Irán (el 28 de febrero) y hasta final de año elevará los costes energéticos de la industria española en 7.400 millones de euros.

Esta Alianza está formada por patronales como Anfac (automoción), Sernauto (proveedores de automoción), Aspapel, Feique (química), AEGE (gran consumo), Gas Industrial, Sercobe (bienes de equipo), Oficemen (cemento) y Unesid (acero y siderurgia) y representa al 60 % del Producto Industrial Bruto de España.

El impacto asociado al incremento de los precios del gas ascendería a cerca de 4.220 millones de euros, según sus estimaciones, mientras que el sobrecoste derivado de la electricidad alcanzaría los 3.175 millones de euros.

Por su parte, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha alertado de un sobrecoste energético de 658 millones de euros para el sector en 2026 y ha advertido de que las empresas están registrando paradas de producción durante las horas de mayor precio eléctrico, una práctica que podría ir en aumento.

Ante la incertidumbre prevista para octubre por el final de las medidas fiscales que están actualmente en vigor, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido de que, si el Gobierno no aprueba antes del 30 de septiembre un nuevo paquete de medidas, el precio del gasóleo podría aumentar hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre, lo que supondría el precio histórico del diésel más elevado.

El sector agrario amenaza con salir a la calle

El Gobierno tiene previsto aprobar la próxima semana un nuevo paquete de apoyo a los sectores afectados para intentar contener la inflación ya que el actual acaba el 30 de septiembre.

Entre ellos se encuentra el sector agrario, cuyas principales organizaciones ya han amenazado con salir a las calles y han reclamado que se mantengan las ayudas al gasóleo agrícola y que se introduzcan compensaciones fiscales.

Asimismo, cooperativas agroalimentarias han llamado a agilizar las ayudas directas y permitir que se pueda repercutir directamente el aumento de los costes en los precios de los productos.

Las organizaciones pesqueras han pedido una prórroga hasta fin de año de las ayudas para paliar el coste del gasóleo pesquero, situadas en 0,20 euros por litro y la patronal de armadores Cepesca ha solicitado que se dupliquen hasta los 0,40 euros por litro.

Los armadores han reivindicado que cambie la forma de calcular estas ayudas, basándolas en el consumo y no en la estadística media, además de exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y la creación de un registro especial para la flota de altura.

Por su parte, el sector de la acuicultura ha pedido beneficiarse también del plan de respuesta del Gobierno.

La patronal de la industria alimentaria FIAB ha solicitado prorrogar las medidas de apoyo, especialmente las vinculadas al transporte y los combustibles profesionales.

También ha destacado la necesidad de ayudas directas para las empresas con el fin de evitar que los sobrecostes energéticos, de logística o seguros puedan comprometer su actividad.

Los fertilizantes son otros de los insumos que más se han encarecido en este tiempo; la patronal de esta industria, Anffe, ve clave seguir ofreciendo al agricultor mecanismos sencillos y eficaces que favorezcan una adecuada fertilización en 2027 y ha instado a que el apoyo a su compra guarde relación con las cantidades adquiridas, en lugar de calcularse únicamente en función de las hectáreas cultivadas.

Por su parte, la principal asociación de cadenas de supermercados, Asedas, tiene previsto acudir a una reunión mañana viernes en el Ministerio de Economía.

La patronal Hostelería de España ha criticado que las nuevas medidas "solo contemplen a los sectores agrarios e industriales, olvidando al resto de sectores", y han subrayado la pérdida de poder adquisitivo que afecta a los consumidores, así como el impacto en autónomos y pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno evalúa prorrogar las medidas

El Gobierno está evaluando si prorroga las medidas del plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio o si adopta nuevas mientras que su socio de coalición, Sumar, y los agentes sociales demandan respuestas al repunte de los combustibles.

El gasóleo subió un 30,3 % en agosto y la gasolina un 16,9 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) pese a los descuentos en el impuesto de hidrocarburos que están vigentes hasta el 30 de septiembre.

Desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, el diésel de automoción se ha encarecido un 74,6 % antes de impuestos y la gasolina un 55,6 %, según los datos más actualizados de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

En cuanto al precio de venta en las gasolineras españolas, el diésel rozaba máximos anuales este martes con un precio medio de 1,949 euros por litro -un 34,4 % más que en febrero- mientras que la gasolina, que sí que está en el récord del año, se ha encarecido un 30,2 % en este tiempo