Los regantes del levante español se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo con la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura que contemplan los nuevos planes hidrológicos, y han afirmado que recurrirán a la Justicia para que la situación siga “como está”.
El Gobierno ha aprobado los 12 planes hidrológicos (2022-2027) y que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura, que tanta polémica ha levantado entre las autonomías implicadas.
Bajo la premisa de que “el agua es de todos” y que tras el conflicto por el agua en el trasvase Tajo-Seguro hay solo “política”, Murcia asegura que lo “único” que quieren es que “impere el sentido común”, haya un plan hidrológico nacional y se aporten soluciones tecnológicas e inversiones.
“El problema del agua en el trasvase Tajo-Segura no es de datos, ni técnico; es una cuestión política de votos en las autonomías; el agua es un asunto de Estado que se ha vuelto rifirrafe autonómico”, según el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.
El nuevo trasvase del Tajo al Segura entró ayer en funcionamiento, después de que el BOE publicara el 5 de abril la orden de enviar 60 hectómetros cúbicos de agua al Levante en tres meses.
