El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acoge este jueves la vista sobre los recursos que el Gobierno de España y empresas pesqueras gallegas y asturianas presentaron contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 zonas del Atlántico noreste a la pesca de fondo.
La vista comenzará a las 9:30 horas (7:30 horas GMT) en el TGUE, con sede en Luxemburgo.
En septiembre de 2022, la CE anunció que había tomado medidas para cerrar a la pesca de fondo 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste.
Bruselas precisó entonces en un comunicado que, de acuerdo con su "ambición de proteger la naturaleza y de restaurar la biodiversidad, tal y como se indica en el Pacto Verde Europeo y la estrategia a favor de la biodiversidad, la Comisión ha tomado medidas para cerrar el acceso de 87 zonas sensibles a todas los artes de fondo en las aguas comunitarias del Atlántico noreste".
El Ejecutivo comunitario subrayó que la medida protege 57 ecosistemas vulnerables en aguas profundas al tiempo que procura "perturbar lo menos posible las actividades pesqueras".
Asimismo, señaló que la decisión de cerrar las 87 áreas se había tomado a partir del reglamento sobre el acceso a aguas profundas y la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
La zona clausurada abarca 16.419 km2 reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste.
Los cierres afectan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, es decir, que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.
El Gobierno español presentó el recurso en noviembre de 2022 y alegó que Bruselas había incurrido en "deficiencias de fondo y de forma", según un comunicado del Ministerio de Agricultura publicado ese mes.
De acuerdo con esa nota, España alegó que los cierres a la pesca de fondo son "desproporcionados, no han considerado los posibles impactos sobre la flota pesquera y vulneran los principios de la Política Pesquera Común de buscar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible".
"Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha considerado la veda de la pesca en las zonas fijadas por el reglamento como desproporcionado e injusto por no contar con la información científica más actual disponible, no contar con un informe de impacto y vulnerar, de esta forma, los principios de la Política Pesquera Común", añadió el comunicado.
