Las organizaciones tendrán diez días hábiles para hacer alegaciones al Magrama, con el objetivo de que el Departamento pueda adoptar una decisión definitiva y publicarla antes del 1 de febrero, según se establece en el calendario.

El sector agrario, que se reunía ayer con representantes del Ministerio en Madrid para analizar este asunto, defiende que el incremento de potencial sea el menor posible para evitar distorsiones en el mercado, porque a las nuevas autorizaciones hay que sumar miles de hectáreas comprometidas ya desde el anterior sistema para plantar en los próximos años.

En enero de este año entra en vigor el nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones -nueva OCM del vino– que debe sustituir al tradicional régimen de derechos de plantación.

UPA

La Unión Europea dejaba a los Estados la decisión sobre el aumento del potencial productivo, con un máximo del 1 % de crecimiento anual de la superficie, una vez consultados los sectores profesionales del vino, según ha recordado el secretario regional de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

UPA defiende que se adopte el menor crecimiento posible, testimonial, del 0,001 %.

Patronal de bodegas FEV

El secretario general de la Federación española del Vino (FEV), Pau Roca, ha pedido que las bodegas privadas no sean discriminadas en el reparto estatal de las nuevas autorizaciones de viñedos para 2016 y los siguientes ejercicios.

Roca no comparte los fundamentos técnicos utilizados por el Departamento para justificar la propuesta de limitar al 0,6 % el incremento de plantaciones, y ha considerado que tendrá que ser la Comisión Europea quien determine si los acepta.

En todo caso, la FEV no hará alegaciones a la propuesta del Ministerio y prefiere “dejar pasar este año para ver cómo funciona” el nuevo sistema. Recuerda que el sector cuenta con un “pulmón de oxígeno” o “almacén de seguridad” conformado por más de 60.000 hectáreas “en cartera” de derechos que puedan ir convirtiéndose en autorizaciones en los próximos años, por lo que “no sería alarmante” la limitación adoptada por el Ministerio.

“Lo que sí nos preocupa es cómo se den los repartos”, es decir, cómo se distribuirán las nuevas autorizaciones este año”, las alrededor de 5.715 hectáreas, en función de las solicitudes que haya y de los criterios de priorización que aplican las comunidades autónomas y el Ministerio, añade.

Apunta que en función de la “proporcionalidad o desproporcionalidad” de este reparto y de que no salgan perjudicadas las bodegas privadas, “tendremos una postura”.

“Las bodegas privadas tienen que tener también sus derechos” al margen de los criterios de distribución del sistema, según Roca, quien ha asegurado ser consciente de que estas empresas “tienen peor nota, de entrada, respecto a las solicitudes que cuentan con prioridad por el uso que ha hecho del reglamento la Administración española”.

Asaja

El responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, defiende que el incremento de autorizaciones para 2016, el primero de aplicación del nuevo sistema, sea “lo mínimo posible”, por lo que el 0,6 % propuesto provisionalmente por el Ministerio le parece “bastante”. Más aún, cuando hay 68.000 hectáreas procedentes de derechos de plantación que quieren convertirse en autorizaciones, por lo que a su juicio “primero debería gestionarse ese potencial que ya tenemos, ver cómo funciona, y si con el tiempo hace falta, aumentarlo”.

“Ahora, los precios de los vinos no están para tirar cohetes”, por lo que no son aconsejables grandes incrementos.

COAG

El responsable de vino de COAG, Joaquín Vizcaíno, entiende que el Ministerio ha optado por lanzar una propuesta “prudente”, al no llegar al límite del 1 % que permitía la normativa europea, pero ha considerado que “seguramente está por encima de lo que debería”, por lo este potencial productivo debería ser “más restrictivo”.

Consejos Reguladores

Las Denominaciones de Origen tienen potestad en el nuevo sistema para establecer las limitaciones que consideren en su ámbito. La Conferencia que reúne a los Consejos Reguladores, la Cecrv, valoraba recientemente que “el espíritu” del nuevo sistema de autorizaciones en la Unión Europea era positivo porque busca que la oferta se ajuste a la demanda y evitar una sobreproducción o devaluación significativa de una DOP o de una IGP.

Pero, a su juicio, se debería haber pormenorizado el porcentaje de crecimiento anual por zonas de producción.

“Faltan también disposiciones o garantías para evitar riesgos de crecimiento encubierto de plantaciones en determinadas zonas, vía replantaciones”, ya que la norma especifica que se podrá replantar dentro de la misma explotación en la que se produjo el arranque, pero el concepto de explotación “es muy amplio”, según la Cecrv. “Podrían arrancarse y replantarse viñas dentro de una misma explotación, pero en diferentes zonas de producción”, apuntaba. EFEAGRO

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